Derechos sexuales y reproductivos

El aborto sigue penalizado sin excepciones. A pesar de la reciente aprobación de un nuevo Código Penal, el delito de aborto se mantuvo sin modificación alguna. Se han documentado casos de criminalización de mujeres acusadas del delito de aborto.

La Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) sigue prohibida por Decreto Ministerial, que podría simplemente derogarse, pero no se han tomado medidas al respecto. Se elaboró un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que incluía la posibilidad de dar la PAE a mujeres víctimas de violación, pero el protocolo no ha sido aprobado. Las autoridades argumentan que se encuentra en análisis.

Militarización y empresas de seguridad privadas

Si bien el Estado ha tomado medidas para el fortalecimiento de la Policía Nacional a fin de reducir gradualmente la participación de los militares en tareas del orden público, los militares siguen siendo numerosos y siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra civiles, por ejemplo, durante manifestaciones, desalojos y conflictos de tierras. Por su parte, los distintos cuerpos policiales también siguen cometiendo abusos y uso excesivo de la fuerza. Preocupa especialmente la actuación de las policías municipales. A eso se suman las empresas de seguridad privada, quienes superan ampliamente el número de policías y que cuentan con armas, pero sin suficiente capacitación sobre su uso y sin protocolos sobre uso de la fuerza.

Libertad de expresión y defensores de derechos humanos

Los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensores y defensoras del medio ambiente, siguen siendo objeto de desacreditación, hostigamiento y criminalización. Si bien existe la Ley y el Mecanismo Nacional para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y operadores del sistema de justicia, no es considerado fiable ni eficaz por parte de la sociedad civil. Se argumenta que es lento y que falta voluntad política para su efectividad. Las fuerzas armadas hacen parte del Mecanismo y esto es cuestionado por algunos actores de la sociedad civil porque genera desconfianza.

En cuanto a la libertad de expresión, el nuevo código penal redujo las penas, pero mantuvo los delitos de calumnia, difamación e injuria en los medios de comunicación con penas de prisión. Periodistas que han denunciado casos de corrupción han sido víctimas de ataques, incluso asesinatos.

Derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños

La delegación fue informada de la existencia de dos proyectos de ley de consulta libre, previa e informada presentados ante el Congreso Nacional. El primero fue presentado por el gobierno sin consultar a los pueblos indígenas, quienes se oponen al anteproyecto. El segundo fue presentado por una plataforma ciudadana, liderada por la Sra. Gloria López, sin el apoyo de los pueblos indígenas de Honduras.