Honduras se enfrenta al Comité de Derechos Humanos en medio de sus crisis de violencia y carcelaria

Published on 12 Jul 2024, 12:23 PM

El Comité examinó la violencia de las maras, las condiciones carcelarias, y la prohibición total del aborto, mientras la delegación hondureña defiende sus políticas de seguridad

Author: AFP

Los días 4 y 5 de julio de 2024, el Comité de Derechos Humanos examinó el tercer informe periódico de Honduras con la delegación del Estado. La delegación hondureña estuvo presidida por Angélica Lizeth Álvarez, Secretaria de Estado de Derechos Humanos, e incluía a miembros del poder ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y del sistema penitenciario. Sin embargo, la profundidad y sustantividad de las respuestas fue limitada y tendieron a justificar las políticas y medidas implementadas en el contexto de seguridad.

El diálogo estuvo marcado por la grave situación de violencia generalizada que atraviesa el país, particularmente debido a la actividad de maras y pandillas. La pobreza extrema, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la débil infraestructura social contribuyen a la proliferación de grupos y la reclutación de jóvenes. La violencia incluye asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y de personas, y violencia sexual. Además,  la amenaza de violencia obliga a muchas familias a desplazarse internamente o a emigrar, contribuyendo a la crisis migratoria en Centroamérica.

Por otro lado, la impunidad de las violaciones de derechos humanos del golpe de Estado de 2009 perdura en la sociedad hondureña. Hay una desconfianza generalizada en las instituciones políticas y electorales, mayor militarización de la seguridad pública, e incremento en la represión bajo el pretexto de mantener el orden público. El Comité expresó su preocupación por las graves violaciones que ocurrieron durante y después del golpe, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

El Centro colaboró con la sociedad civil hondureña para coordinar e impulsar la preparación de un informe de coalición para el diálogo (ES) (EN), lo que incluyó un taller con organizaciones parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) en el país. Además, el Centro apoyó a dos defensoras de derechos humanos de la CCI para que estuvieran presentes en el diálogo y se reunieran con el Comité y con otros organismos de las Naciones Unidas, como Relatorías Especiales.

Estado de Excepción: Balance entre Seguridad y Derechos Fundamentales

Delegación hondureña en el diálogo con el Comité en Palais Wilson, Ginebra.

En el diálogo el Comité expresó su preocupación por la prevalencia del crimen organizado y la infiltración de grupos en instituciones estatales clave como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Además, se cuestionó la prolongación del estado de excepción, implementado como medida temporal para combatir las maras y pandillas. Esto es debido a que la ampliación de las competencias otorgadas a la policía para hacer frente a la delincuencia organizada han dado lugar a un aumento de las violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Comité pidió a la delegación hondureña detalles sobre la legalidad y proporcionalidad de estas medidas.

En respuesta, la delegación hondureña subrayó que el estado de excepción ha sido una medida necesaria y temporal para restaurar la seguridad en el país. También indicó que, desde su implementación, se ha logrado una significativa reducción en la tasa de homicidios y en actividades delictivas, y estas medidas se revisan periódicamente para garantizar que sean proporcionales. La desarticulación de varias bandas criminales y la mejora en la percepción de seguridad entre la población también fueron mencionadas.

Crisis Penitenciaria por la Sobrepoblación, Violencia y Autogobiernos en Cárceles

Respecto a los centros de detención, el Comité planteó preguntas sobre las condiciones de los privados de libertad, especialmente tras el trágico incidente en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, donde murieron 46 mujeres. La delegación hondureña anunció que 16 personas están siendo procesadas por su presunta participación en este evento. También se informó sobre reformas implementadas, como la modernización de la infraestructura penitenciaria, programas de rehabilitación y reinserción, y esfuerzos para descongestionar las cárceles mediante la revisión de casos para otorgar beneficios judiciales. La delegación también afirmó que las organizaciones de derechos humanos nacionales, regionales e internacionales tienen acceso a las 24 prisiones para realizar visitas.

Además, se comentó la creación de una nueva cárcel en las Islas del Cisne, una medida controvertida destinada a aislar a los presos más peligrosos y reducir la violencia dentro de las instalaciones penitenciarias. El Comité insistió en la necesidad de monitorear de cerca estas iniciativas y de asegurar la plena protección de los derechos de las personas privadas de libertad, así como supervisar el proceso de contratación pública y el impacto ambiental en las Islas.

Prohibición Total del Aborto en Honduras

La delegación hondureña también enfrentó un intenso escrutinio debido a su prohibición total del aborto. El Comité expresó su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos resultantes de esta prohibición, destacando particularmente la difícil situación de las mujeres que se ven obligadas a la maternidad tras haber sufrido violencia sexual y las medidas para imponer obligaciones a los padres para cuidar de sus hijos. También fueron mencionadas otras consecuencias de la prohibición total del aborto, como los riesgos que enfrentan las mujeres que recurren a abortos clandestinos e inseguros. El aborto ya fue una de las recomendaciones del Comité seleccionadas para seguimiento en la última revisión de Honduras de 2017, que fue calificada con una C (medidas no satisfcatorias) en 2020.

A pesar de las recomendaciones internacionales para reformar estas leyes restrictivas, los representantes hondureños defendieron su posición citando valores culturales y normas sociales que valoran altamente la protección de la vida desde la concepción, así como una enmienda constitucional de 2021 que refuerza la prohibición al incorporarla en la constitución nacional. La delegación reconoció los desafíos que plantean los abortos clandestinos e inseguros, pero no indicó ningún plan para revisar el marco legal actual, dejando una brecha significativa entre los estándares internacionales de derechos humanos y las estrictas leyes de aborto de Honduras.

 

Vuelve a ver el diálogo con la delegación hondureña aquí (parte 1) y aquí (parte 2). 

 

Aviso: Las transcripciones del diálogo disponibles aquí se utilizaron como principal fuente de información para elaborar este artículo. Se ha redactado con la ayuda de AI y, aunque se ha procurado garantizar la exactitud y claridad del contenido, se ruega verificar la información en UN WebTV.

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