Estado de Excepción: Balance entre Seguridad y Derechos Fundamentales

Delegación hondureña en el diálogo con el Comité en Palais Wilson, Ginebra.

En el diálogo el Comité expresó su preocupación por la prevalencia del crimen organizado y la infiltración de grupos en instituciones estatales clave como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Además, se cuestionó la prolongación del estado de excepción, implementado como medida temporal para combatir las maras y pandillas. Esto es debido a que la ampliación de las competencias otorgadas a la policía para hacer frente a la delincuencia organizada han dado lugar a un aumento de las violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Comité pidió a la delegación hondureña detalles sobre la legalidad y proporcionalidad de estas medidas.

En respuesta, la delegación hondureña subrayó que el estado de excepción ha sido una medida necesaria y temporal para restaurar la seguridad en el país. También indicó que, desde su implementación, se ha logrado una significativa reducción en la tasa de homicidios y en actividades delictivas, y estas medidas se revisan periódicamente para garantizar que sean proporcionales. La desarticulación de varias bandas criminales y la mejora en la percepción de seguridad entre la población también fueron mencionadas.

Crisis Penitenciaria por la Sobrepoblación, Violencia y Autogobiernos en Cárceles

Respecto a los centros de detención, el Comité planteó preguntas sobre las condiciones de los privados de libertad, especialmente tras el trágico incidente en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, donde murieron 46 mujeres. La delegación hondureña anunció que 16 personas están siendo procesadas por su presunta participación en este evento. También se informó sobre reformas implementadas, como la modernización de la infraestructura penitenciaria, programas de rehabilitación y reinserción, y esfuerzos para descongestionar las cárceles mediante la revisión de casos para otorgar beneficios judiciales. La delegación también afirmó que las organizaciones de derechos humanos nacionales, regionales e internacionales tienen acceso a las 24 prisiones para realizar visitas.

Además, se comentó la creación de una nueva cárcel en las Islas del Cisne, una medida controvertida destinada a aislar a los presos más peligrosos y reducir la violencia dentro de las instalaciones penitenciarias. El Comité insistió en la necesidad de monitorear de cerca estas iniciativas y de asegurar la plena protección de los derechos de las personas privadas de libertad, así como supervisar el proceso de contratación pública y el impacto ambiental en las Islas.

Prohibición Total del Aborto en Honduras

La delegación hondureña también enfrentó un intenso escrutinio debido a su prohibición total del aborto. El Comité expresó su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos resultantes de esta prohibición, destacando particularmente la difícil situación de las mujeres que se ven obligadas a la maternidad tras haber sufrido violencia sexual y las medidas para imponer obligaciones a los padres para cuidar de sus hijos. También fueron mencionadas otras consecuencias de la prohibición total del aborto, como los riesgos que enfrentan las mujeres que recurren a abortos clandestinos e inseguros. El aborto ya fue una de las recomendaciones del Comité seleccionadas para seguimiento en la última revisión de Honduras de 2017, que fue calificada con una C (medidas no satisfcatorias) en 2020.

A pesar de las recomendaciones internacionales para reformar estas leyes restrictivas, los representantes hondureños defendieron su posición citando valores culturales y normas sociales que valoran altamente la protección de la vida desde la concepción, así como una enmienda constitucional de 2021 que refuerza la prohibición al incorporarla en la constitución nacional. La delegación reconoció los desafíos que plantean los abortos clandestinos e inseguros, pero no indicó ningún plan para revisar el marco legal actual, dejando una brecha significativa entre los estándares internacionales de derechos humanos y las estrictas leyes de aborto de Honduras.

Vuelve a ver el diálogo con la delegación hondureña aquí (parte 1) y aquí (parte 2). 

Aviso: Las transcripciones del diálogo con tecnología WIPO Speech-to-Text disponibles aquí sirvieron como fuente principal del artículo presentado, que se redactó con ayuda de IA. Aunque toda la información se ha comprobado cuidadosamente, puede consultarse la versión oficial del diálogo en el audio o en UN WebTV.

Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos

Las Observaciones Finales sobre el tercer informe periódico de Honduras fueron publicadas el 25 de julio de 2024. Se solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 25 de julio de 2027, información sobre la aplicación de las siguientes recomendaciones:

Derecho a la vida

Habida cuenta de las anteriores recomendaciones del Comité, el Estado parte debe:

a) Investigar de forma rápida, eficaz y exhaustiva todos los casos de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (...);

b) Incrementar los recursos financieros, humanos y técnicos a disposición de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la judicatura, y la asistencia legal (...);

c) Incrementar los esfuerzos para ejercer un control civil más efectivo sobre la posesión y el uso de las armas de fuego (...);

d) Acelerar el proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional con el objetivo de facilitar la asunción de las funciones de orden público en manos de las Fuerzas Armadas (...);

e) Adoptar leyes y protocolos sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conforme a las disposiciones del Pacto (...).

Defensores de los derechos humanos, libertad de expresión y derecho de reunión pacífica

A la luz de las anteriores recomendaciones, el Comité reitera que el Estado parte debe adoptar urgentemente medidas efectivas para:

a) Garantizar una protección y asistencia efectiva a defensores de derechos humanos (...) que sean objeto de actos de violencia e intimidación (...);

b) Investigar de manera pronta y exhaustiva todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques (...);

c) Facilitar a las víctimas recursos jurídicos efectivos y velar por que puedan acceder a ellos sin temor a sufrir represalias;

d) Continuar incrementando los recursos financieros, técnicos y humanos y reforzar la capacidad de los mecanismos de investigación y protección estatal (...).

Derechos de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, particularmente respecto a la tierra, el territorio y los recursos naturales (...). Asimismo, debe:

a) Facilitar el acceso a la justicia a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, incluido en su propia lengua o a través de intérpretes;

b) Investigar todos los casos de intimidación, violencia y discriminación hacia estas poblaciones (...);

c) Garantizar el cumplimiento pronto e íntegro de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aquí se pueden encontrar todas las recomendaciones formuladas por el Comité en las Observaciones Finales.

El informe de seguimiento de Honduras sobre la aplicación de las recomendaciones deberá presentarse en 2027. La próxima lista de cuestiones se adoptará en 2030, y el próximo informe periódico deberá presentarse en 2031.