Guinea Ecuatorial: primer examen ante el Comité de Derechos Humanos tras 20 años sin presentar informe

Published on 17 Jul 2019, 12:22 PM

Comité de Derechos Humanos - sesión N° 126 – julio 2019

El primer examen periódico de Guinea Ecuatorial fue llevado a cabo por el Comité el 10 y 11 de julio de 2019 en ausencia de informe inicial. El Estado ratificó el Pacto en 1987 y su reporte inicial estaba estipulado para 1998, pero nunca fue enviado. Por esta razón, en 2004 Guinea Ecuatorial fue analizada por el Comité en ausencia de reporte y de la delegación. La Sesión N° 126 fue la primera oportunidad de tener un diálogo con el Estado, por lo tanto, los miembros del Comité dieron la bienvenida a Guinea Ecuatorial al ciclo de exámenes periódicos y explicaron el funcionamiento del mismo, en miras a establecer un diálogo interactivo, continuo y regular en cuestiones de derechos humanos.

Entre los numerosos temas que fueron abordados ante el Comité, se pueden nombrar la violencia y discriminación contra la mujer, la restricción de la libertad de participación en la vida pública, la falta de libertad de expresión, la restricción en el acceso a las nuevas tecnologías, las limitaciones a la libre circulación, las ejecuciones extrajudiciales, el incremento de personas privadas de la libertad y las condiciones de detención, entre otros temas. Asimismo, se discutió que en Guinea Ecuatorial se aplica la moratoria en casos de condenas a pena de muerte, sin embargo, el Comité alienta al Estado a contemplar el acceso al Protocolo Adicional al Pacto, en miras a la abolición total de la pena capital.

Los videos de la sesión están disponibles en línea: parte 1 y parte 2.

"Qué medidas se van a tomar para luchar contra las prácticas patriarcales que tanto menoscaban los derechos de las mujeres. Esto no es solo un discurso internacional sino que es un mensaje que también transmite la Comisión Africana de Derechos Humanos, y es importante recordarlo."

- Miembro del Comité de Derechos Humanos

Falta de independencia del poder judicial y lucha contra la corrupción

La independencia del poder judicial fue un tema relevante en el examen de Guinea Ecuatorial. El Comité consultó cuáles fueron las medidas adoptadas para reforzar su independencia y si se respeta el principio de separación entre los poderes ejecutivo y judicial. En particular, se puntualizó el hecho de que el nombramiento de jueces es de competencia exclusiva del poder ejecutivo (del jefe de estado). Asimismo, el Comité consultó cuestiones relativas al presupuesto asignado al sector de justicia en los últimos años y a la capacitación de la judicatura, así como también los procedimientos de destitución y las autoridades competentes para hacerlo. El Comité indicó que se debe garantizar el funcionamiento del poder judicial de manera compatible con el Pacto y la Observación General N° 32.

Por otra parte, los miembros del Comité consultaron si la corrupción es un delito constitucional punible en Guinea Ecuatorial. Asimismo, el Comité preguntó si se han entablado acciones judiciales contra funcionarios, si ha habido condenas y si todos los funcionarios pueden ser investigados y sancionados judicialmente. En respuesta a esto, la delegación contestó que su propósito es perseguir a todas las personas sospechadas de haber cometido actos de corrupción y que, a tales fines, se creó una Fiscalía anti-corrupción. La delegación hizo mención a tres procedimientos que se encontrarían en curso y que proveerían los datos cuando tengan las sentencias correspondientes.

Discriminación y violencia contra la mujer

En el curso del examen de Guinea Ecuatorial se debatieron varias cuestiones vinculadas al a los derechos de las mujeres. Los miembros del Comité consultaron sobre planes de acción para combatir la discriminación entre hombre y mujeres. Otro tema tratado fue la participación de las mujeres en la vida pública y en puestos de toma de decisión, siendo tan solo el 20% de los miembros del parlamento mujeres, en particular 10% en el Senado.

Adicionalmente, el Comité consultó a la delegación por distintas prácticas vigentes: la poligamia, la dote que recibe la mujer para contraer matrimonio y la devolución de la dote en caso de que la separación sea por voluntad de la mujer. En respuesta, la delegación refirió a estas cuestiones como prácticas culturales que la sociedad acepta y elige.

Asimismo, miembros del Comité notaron con preocupación la falta de criminalización de violación conyugal. Se invocaron también cuestiones relativas a la violencia sexual, como el abuso sexual de niñas y los casos de violencia basada en género. En particular, se destacó la falta de ley que permitan investigar estos escenarios.

Por otra parte, se abordó la temática de la salud reproductiva. El Comité destacó la importancia de contar con hospitales equipados en estos temas, en particular en zonas rurales alejadas. Por último, el Comité se refirió a la terminación voluntaria del embarazo, pidió al Estado que provea mayor información sobre bajo qué supuestos está permitida y si es necesaria la autorización del marido para que la mujer pueda acceder al aborto. Ante esto, la delegación indicó que, desde el fin de la colonización, Guinea Ecuatorial es un país mayoritariamente católico (refiriéndose a un 95% de la población), y como tal, flexibilizar el acceso al aborto a nuevos supuestos, puede resultar inmoral dentro de su marco cultural.

El Comité también aludió a los compromisos de Guinea Ecuatorial en tanto signataria del Protocolo de Maputo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por tratarse de un instrumento que provee garantías y derechos a las mujeres.

Libertad de expresión, asociación y reunión pacifica

El Comité consultó sobre las condiciones de registro de periodistas, las licencias para la difusión de distintos medios de comunicación y la posible existencia de censura. Respecto a internet, se indicó que solo el 25% de la población tiene acceso, siendo muy limitado. Asimismo, el Comité quiso corroborar información respecto a que muchos sitios web se encuentran bloqueados. En razón de esto, el Comité indicó que el Estado debía armonizar las disposiciones legislativas domésticas con arreglo al Pacto. La delegación replicó que hubo pocos casos en los que una licencia a un/a periodista no fue dada. Sobre el acceso a internet, la delegación alegó que el acceso es limitado en todo el país y para todas las personas, que no se trata de una acción premeditada del gobierno contra ciertos grupos.

Por otra parte, se trató el derecho a la libertad de asamblea pacífica, el cual se encuentra reconocido por la ley nacional. Esta ley, sin embargo, admite muchas restricciones. Por esta razón, el Comité solicitó que la normativa se ajuste a los estándares internacionales, en particular, que las restricciones a este derecho debían ser concretas, claras y basadas en razones legítimas. Además, los miembros del Comité consultaron sobre los protocolos de actuación de agencias de cumplimiento de la ley (entre ellas, la policía) en el acompañamiento las manifestaciones y protestas.

Por último, el Comité consultó sobre los requisitos necesarios para establecer organizaciones de la sociedad civil, los cuales son dificultosos. Ante esto, la delegación contestó que las ONG, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se erigen en partidos políticos y realizan ataques contra el gobierno, y que éste debía intervenir.

Condición de las prisiones

El Comité indicoó que le preocupan las denuncias de casos de detención y prisión arbitrarias durante más de 48 horas sin imputación de cargos, detención en régimen de incomunicación y el uso de la detención como medio de intimidación. El Comité expresoó preocupación sobre las denuncias de que se ha detenido a personas durante largos períodos sin garantías jurídicas, como, en particular, la comparecencia ante un juez, el acceso a un abogado y el derecho a informar a su familia.

También preocupa al Comité el gran número de personas que se encuentran en prisión preventiva y la falta de información clara sobre la duración máxima de la prisión preventiva así como también la falta de datos estadísticos a este respecto.

Asimismo, ante el aumento de unidades penitenciarias en el país y a la luz de conocidos casos como Playa Negra, el Comité preguntó por las condiciones de detención, su partida presupuestaria, entre otras consultas.

Recomendaciones prioritarias del Comité

El Comité adoptó las Observaciones finales y consideró que el Estado Parte debe proporcionar información sobre la implementación de las siguientes recomendaciones prioritarias de las Observaciones finales del Comité a más tardar el 26 de julio de 2021.

Lucha contra la corrupción y gestión de los recursos naturales

  • intensificar sus esfuerzos para combatir la corrupción, incluyendo el blanqueo de capitales, revisar el marco jurídico, reforzar las prácticas de buena gobernanza
  • fortalecer la capacidad de la Fiscalía y de los organismos encargados de combatir la corrupción
  • asegurar que se investiguen de manera independiente e imparcial todos los actos de corrupción
  • llevar a cabo más campañas de concienciación sobre los costes económicos y sociales de la corrupción
  • adoptar las medidas necesarias, incluso con la aplicación efectiva del Decreto No. 42/2007 que regula la participación de la sociedad civil en la iniciativa de la transparencia de las industrias extractivas

Estado de excepción

  • poner fin a la aplicación de facto del estado de excepción
  • velar por que en todos los casos en que se apliquen en su territorio el estado de excepción y las medidas adoptadas para hacerlo efectivo se respete lo dispuesto en el Pacto
  • promulgar legislación que contenga disposiciones claras sobre los estados de excepción

Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

  • velar por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva y eficaz todas las denuncias de tortura y malos tratos y proporcionar a las víctimas recursos efectivos que incluyan medidas de rehabilitación 
  • adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la tortura, reforzando la formación impartida a los jueces, los fiscales y los miembros de la policía, el ejército y las fuerzas de seguridad
  • reunir datos precisos sobre casos de tortura y malos tratos, enjuiciamientos, condenas dictadas, sentencias impuestas, además de publicar esa información
  • establecer un mecanismo independiente encargado de investigar las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por agentes del orden

Guinea Ecuatorial deberá entregar su próximo informe periódico el 26 de julio del 2025.

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