Igualdad de género y derechos reproductivos

Los miembros del Comité de Derechos Humanos hicieron hincapié en la limitada participación de mujeres en la vida política y pública, en particular la sub-representación en puestos de toma de decisión. Conforme a la información disponible, solo el 16% de la representación parlamentaria en Paraguay está integrada por mujeres.

Asimismo, el Comité solicitó información respecto a alegaciones de que el Ministerio de Educación y Ciencia del Paraguay prohibió la difusión de materiales sobre educación integral de la sexualidad.

Adicionalmente, el Comité consultó al Estado sobre si existían intenciones de modificar el régimen aplicable para la terminación voluntaria del embarazo. El Comité notó que la legislación referida al aborto en Paraguay es sumamente restrictiva y recomendó que se adecúe a la Observación General N° 36 emitida por el Comité, a los fines de proveer acceso al aborto seguro para ciertos supuestos y de llevar adelante los pasos legislativos necesarios para su descriminalización. 

Finalmente, miembros del Comité consultó sobre las medidas que adoptará para reducir la brecha salarial entre el hombre y la mujer, que alcanza el 22% en Paraguay. Sobre esto, la delegación refirió a medidas de sensibilización salarial, empoderamiento y empleabilidad de la mujer destinadas a disminuir la brecha. 

Niños, niñas y adolescentes (NNyA)

El Comité consultó al Estado respecto al registro de niños y niñas tras su nacimiento debido a que éste recibió información en la que constaba que el 25% no se encontraban inscriptos/as. El Comité también consultó al Estado sobre las medidas destinadas a revertir estos altos índices de falta de registro, que impactan en particular en los NNyA indígenas. En relación a este último grupo, la delegación informó que el 80% de los NNyA pertenecientes a pueblos originarios se encuentran en situación de calle, y que distintos programas sociales están siendo desarrollados a los fines de modificar la situación. 

Otro de los temas tratados fue el de la niñez y adolescencia migrante. A este respecto, el Comité consultó sobre si existían casos de NNyA migrantes en centros migratorios de detención. Asimismo, si se tomaban medidas para evitar la explotación de NNyA migrantes, debido a que su vulnerabilidad los expone este tipo de situaciones. Por otra parte, el Comité preguntó si se respetaba su derecho de acceso a la educación y vivienda digna, considerando el interés superior del NNyA, sin importar si se trata de migrantes en situación irregular. Finalmente, el Comité también consultó por aquellos NNyA que presentan una solicitud de asilo, en relación a si tienen la posibilidad de contar con una representación legal adecuada que pueda velar por su interés ante la justicia.

Derecho de los pueblos indígenas

Los miembros del Comité, basándose en el informe de 2015 de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, puntualizó que el racismo, la xenofobia y la discriminación son los mayores problemas en que Paraguay presenta en relación a este tema. En ese sentido, el Comité indicó que existen problemas endémicos de acceso a la salud, alimento y educación, y que la falta de reconocimiento de tierras, recursos y propiedad se encuentran entre los problemas estructurales que explican esta situación. Ante esto, el Comité indicó la importancia de promover el acceso a la justicia a las comunidades, a los fines de que puedan realizar los reclamos necesarios, particularmente respecto a sus derechos a las tierras tradicionales, y que éstos puedan materializarse judicialmente.

Por otra parte, el Comité trajo a colación su preocupación respecto a la falta de implementación cabal de tres casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraron cuestiones vinculadas a pueblos originarios. A pesar de la urgencia que tenían los casos, éstos no fueron acabadamente implementados por lo que el Comité consultó al Estado cómo consideraba que podría hacer frente a esta situación. En respuesta, el Estado indicó que estaba avanzando en el cumplimiento de dichos casos.

Finalmente, el Comité hizo hincapié en la importancia de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios en cuestiones que puedan afectar sus comunidades y su involucramiento en la vida pública.

Condiciones de detención

Los miembros del Comité refirieron a distintos aspectos relativos a las condiciones de privación de libertad. La carencia de luz natural, mala calidad de alimentos, falta de espacio y de atención medica, entre otras, fueron mencionadas como cuestiones cotidianas que sufren las personas detenidas. En función de esto, el Comité consultó sobre qué medidas el Estado está tomando al respecto para modificar significativamente estas problemáticas.

El Comité recibió información que indicaba que el 52% de población penitenciaria se encuentra detenida en un distrito distinto a los de sus circunscripciones judiciales, obstaculizando las visitas familiares e íntimas. Por otra parte, la delegación indicó que el 78% de las personas detenidas se encuentran en prisión preventiva y esto preocupó al Comité, el cual consultó por el uso de medidas alternativas a la prisión sin condena.

El Comité también consultó al Estado por el aislamiento en solitario que puede durar hasta 30 días consecutivos y el uso de traslados arbitrarios, ambos como medidas de castigo o disciplinarias, conforme a la información que el Comité recibió. Adicionalmente, se indicó que los casos de muertes de personas privadas de libertad presentan un alto nivel de impunidad. Se nombró la muerte de 4 adolescentes seguida de la falta de reparación a familiares de las víctimas, de investigaciones y de condenas efectivas.

A raíz de estas problemáticas, la delegación de Paraguay reconoció encontrarse ante una crisis pública del sistema penitenciario.

Recomendaciones del Comité

El Comité de Derechos Humanos dispuso que, a más tardar el 26 de julio de 2021, Paraguay debía informar sobre la implementación de las siguientes recomendaciones previstas en sus observaciones finales:

Violaciones de derechos humanos durante el periodo de la dictadura

El Estado parte debe:

• Asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1954-1989) y el período de transición hasta el año 2003 sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados sin demora y, en su caso, sancionados;
• Garantizar el acceso pronto, justo y efectivo de todas las víctimas y sus familiares a una indemnización y una reparación integral, independientemente de cuando se inició el reclamo de esta;
• Acelerar la búsqueda de las personas desaparecidas e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada y asegurar que se proporcionen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para este fin.

Prisión preventiva y garantías fundamentales

El Estado parte debe:

• Continuar con sus reformas y reducir significativamente el uso de la prisión preventiva y velar por que siempre se tenga en cuenta la posibilidad de recurrir a las medidas alternativas a la privación de libertad, incluida la libertad bajo fianza o el brazalete electrónico, y asegurar que la prisión preventiva sea excepcional, razonable, necesaria en toda circunstancia y lo más breve posible, incluido para adolescentes en conflicto con la ley;
• Garantizar que toda persona privada de libertad sea informada del motivo de su detención y de sus derechos, tenga acceso efectivo a un abogado y se pueda comunicar con un familiar o persona de confianza desde el primer momento de su detención;

Independencia del Poder Judicial

El Estado parte debe:

• Intensificar sus esfuerzos para combatir la corrupción en el Poder Judicial, incluido a través de la sensibilización de jueces, fiscales y la policía sobre las formas más efectivas de lucha contra la corrupción;
• Erradicar todas las formas de injerencia de los otros poderes en el poder judicial y garantizar la investigación pronta, minuciosa, independiente e imparcial de todas las denuncias de injerencia y corrupción, y enjuiciar y castigar a los culpables;
• Revisar las leyes y el funcionamiento de las instituciones responsables de la administración de justicia, selección de jueces y fiscales y ética judicial para garantizar, en la ley y la práctica, que el sistema existente proteja la independencia e imparcialidad judicial y la autonomía de la fiscalía, así como la transparencia y el escrutinio público.

El primer informe de seguimiento de Paraguay debe ser presentado a más tardar el 26 de julio de 2025.