Deterioro de la situación de derechos humanos

Una de las principales preocupaciones es el rápido deterioro de la situación de derechos humanos en el último año. Durante las distintas entrevistas se constató que el Congreso de la República, con el aval de la presidenta Dina Boluarte, ha aprobado leyes que desestabilizan la democracia e implican grandes retrocesos en derechos humanos. Actores importantes como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo han sido cooptados a través del llamado “Pacto de Corruptos”, por lo que no hay contrapesos suficientes para garantizar un Estado de derecho. Incluso la Junta Nacional de Justicia, uno de los pocos órganos que mantiene su independencia, corre el riesgo de ser cooptada debido a la falta de independencia en la elección de sus miembros, prevista para finales de 2024.

Cierre del espacio cívico

En los últimos años ha habido un aumento considerable en los ataques contra ONGs y personas defensoras de derechos humanos, especialmente en temas ambientales. Estos ataques no solo provienen de grupos antiderechos, sino también de las mismas autoridades a través de descalificaciones y medidas administrativas. Los periodistas también se enfrentan a hostigamientos por su labor informativa. La impunidad en estos casos ha generado un ambiente de miedo que desincentiva la protesta.

Además, la criminalización de la protesta se ha consolidado como una estrategia para silenciar las voces críticas, como en las sentencias desproporcionadas contra manifestantes en casos como Las Bambas y el Valle del Tambo. Este panorama se agrava con el endurecimiento de las leyes que permiten el uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares. A pesar de las 255 muertes en protestas desde 2011, solo un policía ha sido sentenciado hasta la fecha.

Derechos de los pueblos indígenas

El retroceso en los derechos de los pueblos indígenas es alarmante, particularmente en lo que respecta a la consulta previa. Aunque en años anteriores se lograron pequeños avances, actualmente no se ha realizado ningún proceso de consulta previa desde 2019. El Ministerio de Energía y Minas sostiene que estas consultas deben realizarse en la etapa de explotación, lo cual va en contra de los estándares internacionales que exigen que las comunidades indígenas sean consultadas desde las etapas iniciales de concesión. Este contexto ha permitido que se sigan otorgando licencias mineras, como en Huancasancos, Ayacucho, donde además de sufrir históricas violaciones, ahora también pierden sus territorios.

Leyes como la Ley 31989, que favorece la minería ilegal, y la Ley Forestal, que ha retrocedido sin consulta, han intensificado la discriminación hacia los pueblos indígenas, afectando gravemente sus territorios y modos de vida. La falta de educación bilingüe adecuada y los retrocesos en salud son claros signos del abandono por parte del Estado, que además desacredita a sus dirigentes acusándolos de terrorismo. Por otro lado, la situación de las mujeres indígenas es especialmente grave, ya que enfrentan no solo discriminación racial y de género, sino también una lucha por la subsistencia de sus comunidades.

Reunión con familiares del Caso Suso

Familiares de las víctimas del Caso Suso

Las integrantes de la delegación tuvieron la oportunidad de reunirse con familiares de las víctimas y el abogado del llamado “Caso Suso”, que recibió un dictamen del Comité de Derechos Humanos en 2022, y a la fecha de la visita las recomendaciones no habían sido implementadas. En las reuniones con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hélène Tigroudja habló de este caso y las autoridades se comprometieron a dar seguimiento para otorgar la reparación adecuada a las víctimas.

Algunos días después de la visita, el abogado informó que la Procuraduría General de la Nación se reunió con él para dar seguimiento al caso y otorgar reparación a las víctimas.