Criminalización del aborto

El Comité expresó preocupación referente a la prohibición total y criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, un hecho que tiene como consecuencia la práctica de abortos clandestinos poniendo en peligro la vida de las mujeres. El Comité mencionó que entre los años 2000 y 2011, 129 mujeres han sido condenadas por el delito de aborto y 27 mujeres continúan en prisión por este crimen. El Estado ha asegurado que se están implementando esfuerzos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual, malformación fetal y en casos en los cuales el embarazo represente un riesgo para la salud de la mujer, pero que los poderes legislativo y judicial han representado un obstáculo para lograr los avances propuestos por el ejecutivo sobre la materia. Además de ello, la delegación informó al Comité durante la sesión sobre la liberación de Teodora Vásquez, una mujer condenada a 30 años de prisión bajo el delito de aborto y que pasó 10 años recluida. 

Condiciones de detención

El Comité también ha expresado preocupación sobre las condiciones de detención en centros penitenciarios, en particular sobre el tema del hacinamiento. Las prisiones exceden su capacidad en un 300%, creando problemas relacionados a la salud, acceso al agua potable, ventilación, temperaturas y energía eléctrica. Al respecto, el Estado aseguró estar trabajando en la implementación de políticas para incrementar la capacidad de los centros penitenciarios. La tasa de hacinamiento ha sido reducida hasta un 210% y se espera que con la construcción del centro penitenciario ´´La Esperanza´´, la tasa baje hasta un 174%. Sin embargo, el Comité mencionó que la construcción de nuevas cárceles no resolvería inmediatamente el problema de hacinamiento si lasdetenciones preventivas continúan incrementando y no se consideran otras alternativas.

Derechos de los pueblos indígenas

El Comité presentó serias preocupaciones referentes a la disparidad en las cifras oficiales sobre los pueblos indígenas: el número oscila entre 0.23% y 12% de la población. De acuerdo a algunas ONGs, el gobierno usa estas cifras para evitar las obligaciones con respecto a las comunidades indígenas. Para ello, el Comité pidió al Estado informar sobre las estadísticas oficiales sobre la totalidad de la población indígena en El Salvador. A pesar de que la delegación no pudo proveer estadísticas exactas, aseguraron estar trabajando en la realización de un censo para determinar el porcentaje de la población indígena y afro-descendiente que reside en el país.

Por otro lado, el Comité pidió explicaciones al Estado sobre las políticas implementadas para contrarrestar la discriminación y desigualdad de las comunidades indígenas. 61% de la población indígena en El Salvador vive en estado de pobreza, mientras que un 38% de ellos viven en pobreza extrema. El estado no refirió información relevante al respecto.

Discriminación contra personas LGBTI

El Comité resaltó el tema de la discriminación contra personas LGBTI, particularmente con las personas transgénero en relación al acceso a las cédulas de identidad, las cuales no se adaptan a la identidad de género real de las personas. El Estado expresó que este hecho ha sido un reto recurrente en el Estado, sin embargo, ha comenzado a estudiar el tema con miras a mejorar.

Otro hecho que llamó la atención del Comité fue el tema de la impunidad en crímenes cometidos contra personas LGBTI. Se le preguntó al Estado más información relacionada con las practicas desarrolladas para contrarrestar esta situación. La delegación explicó que en el año 2017 una política específica ha sido implementada para atender a las personas LGBTI como resultado de un diálogo abierto y discusiones con ONGs especializadas en el tema.

Graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado

El Comité expresó su preocupación con respecto a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, por lo que solicitaron explicaciones al Estado en lo referente a los resultados principales derivados de la creación de la Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas. La delegación agregó que desde el año 2009 se han realizado esfuerzos sobre la reparación a víctimas y con la creación de la Comisión Nacional de Reparación a Víctimas en el año 2010 se han tomado 4 medidas de reparación, entre ellas la rehabilitación de víctimas con el acceso a salud, alimentación y educación, la justa indemnización, dignificación y garantías de no repetición. Para esta última, se han hecho esfuerzos en el adiestramiento de funcionarios policiales y militares.

También el Comité preguntó al Estado sobre la ley de amnistía de 1993, la cual representaría un obstáculo en cuanto a la sanción de responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la delegación aclaró que dicha ley fue declarada inconstitucional en el año 2016, lo que permitirá el enjuiciamiento de personas que presuntamente hayan violado derechos humanos durante el conflicto armado.

Recomendaciones del Comité

El Estado Parte debe proporcionar información sobre la implementación de las siguientes recomendaciones de las Observaciones finales del Comité a más tardar el 6 de abril de 2020. 

Interrupción voluntaria del embarazo

• Revisar de manera urgente su legislación con respecto al aborto para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, y cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable. 
• Suspender de forma inmediata la criminalización de las mujeres por el delito de aborto.
• Revisar todos los casos de mujeres que han sido encarceladas por delitos relacionados con el aborto, con el objetivo de asegurar su puesta en libertad, y garantizar a estas mujeres el acceso a asistencia jurídica y el cumplimiento del debido proceso.
• No debe aplicar sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan en ello, ya que tales medidas obligan a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros, y debe garantizar que se respeten el secreto profesional del personal médico y la confidencialidad de las pacientes.
• Garantizar el acceso pleno a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad en todo el país, así como educar y sensibilizar a hombres, mujeres y adolescentes y a proveedores de servicios de salud. 
• Asegurar que se sigan todos los procedimientos para obtener el consentimiento pleno e informado de las personas con discapacidad en la práctica de esterilización. Al respecto, el Estado parte debe impartir formación especial al personal de salud con el fin de dar a conocer mejor los efectos perjudiciales y los alcances de la esterilización forzada.

Graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado

• Asegurar que la unidad especial disponga de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado y garantizar el acceso a toda la información relacionada con estas violaciones, incluidos los archivos históricos de las Fuerzas Armadas.
• Garantizar la total protección, seguridad personal e independencia del Fiscal General y su Oficina, incluyendo la total implementación de las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tomar las medidas necesarias para prevenir actos de intimidación contra funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil que están investigando estos casos.
• Acelerar la búsqueda de las personas desaparecidas y asegurar que se proporcionen los recursos adecuados para este fin, incluyendo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (CONABUSQUEDA) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. El Comité anima al Estado parte a que considere ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

•  Fortalecer el rol de la Policía Nacional Civil en sus funciones de mantenimiento del orden público y facilitar la asunción por parte ésta de las funciones de mantenimiento del orden público que ejercen las Fuerzas Armadas. Debe asegurar que se investiguen todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que se busquen a las personas desaparecidas, que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación integral.

El Salvador deberá entregar su próximo informe periódico el 6 de abril de 2023