Detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura

Un asunto recurrente durante el diálogo fueron las violaciones al derecho a la vida y a la libertad y seguridad. El Comité mencionó numerosos y sistemáticos casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas venezolanas como forma de represalia. Generalmente, las víctimas son líderes indígenas o políticos, pero también residentes de zonas rurales pobres. En muchos casos, tras ser detenidas, las víctimas permanecen cautivas y sufren todo tipo de torturas y malos tratos en las llamadas ‘casas clandestinas’. El Comité preguntó por posibles mecanismos para identificar a los desaparecidos, investigar los hechos y acabar con la impunidad. 

Ante esto, la delegación acusó al Comité de falta de profesionalidad por recabar información no fiable en redes sociales y comentó que se llevan a cabo talleres para formar a funcionarios sobre protocolos de actuación que respetan los derechos humanos. Por tanto, mencionaron que ‘hablar de desapariciones sería no reconocer el esfuerzo del Estado por la formación de los funcionarios’. Entre 2015 y 2022, el Ministerio Público registró 455 casos vinculados con el delito de desaparición forzada, se han imputado a 71 funcionarios o agentes del Estado, y tan solo se ha sentenciado a 5.  

Elecciones, derecho a participación política y represión de la oposición

Las próximas elecciones presidenciales de Venezuela tendrán lugar en 2024, por lo que el Comité preguntó a la delegación por posibles medidas para evitar la violencia preelectoral. Se mencionaron las intervenciones y descalificativos del Consejo Nacional Electoral, el Contralor General de la República y el Tribunal Supremo hacia candidatos de la oposición. Numerosos candidatos y partidos han sido objeto de procedimientos judiciales y algunos de ellos han sido inhabilitados sin sentencias firmes ni debidos procesos, impidiendo que se puedan presentar a elecciones durante 15 años. 
 
El Fiscal General de la Nación negó las inhabilitaciones políticas y aseguró que ‘no hay ni una persona en Venezuela que haya perdido el derecho político a elegir o ser electo’. Añadió que los casos de inhabilitaciones no estaban relacionados con la participación política, sino con delitos de malversación de funcionarios públicos. También negó la existencia de presos políticos y los vinculó con actos terroristas, como los detenidos durante la Operación Yunque-Martillo/Fénix o el golpe de Estado de 2019. 

Ataques contra sociedad civil y libertad de expresión

Otra de las preocupaciones del Comité eran los continuos ataques y amenazas hacia miembros de la sociedad civil venezolana, incluyendo ONGs, defensores de derechos humanos, y periodistas. Se mencionó información recibida sobre posibles interrogatorios del servicio de inteligencia a activistas que habían viajado a Ginebra para participar en el diálogo con el Comité. El Comité también comentó la supervisión de reuniones pacíficas por parte de miembros del ejército no capacitados en protocolos internacionales y de ‘colectivos’, grupos paramilitares. 

Como respuesta, la delegación mencionó que cualquier persona que sentía violada su libertad de expresión, como defensores de derechos humanos o periodistas, podían denunciarlo ante el Ministerio Público. La delegación también pidió que no se criminalizara la figura de los ‘colectivos’ ya que eran asociaciones pacíficas de personas y no grupos paramilitares, y que cualquier ciudadano armado que promoviera manifestaciones violentas era debidamente detenido y procesado.  

Vuelva a ver el diálogo con el Comité aquí (primera parte) y aquí (segunda parte). 

Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos

Las Observaciones Finales sobre el 5º informe periódico de Venezuela fueron publicadas el 3 de noviembre de 2023. Se solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 3 de noviembre de 2026, información sobre la aplicación de las siguientes recomendaciones:

Independencia del Poder Judicial

El Estado parte debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad del poder judicial y del ministerio público y garantizar el libre ejercicio de sus funciones, sin que se vean sometidos a ningún tipo de presión o injerencia indebidas por parte de los poderes ejecutivo o legislativo. En particular, debe proseguir sus esfuerzos para corregir a la mayor brevedad posible la situación de provisionalidad en la que se encuentra la mayoría de los jueces y fiscales, garantizando concursos de oposición de forma transparente y basados en el mérito para su admisión y progresión en la carrera, y definiendo normas precisas sobre su destitución, y considerar reaplicar el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, debe tomar medidas de no interferencia del Supremo Tribunal de Justica en materia de destitución de representantes públicos elegidos democráticamente y de negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales.

Libertad de expresión

En conformidad con el artículo 19 del Pacto y la observación general núm. 34 (2011) del Comité, relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, el Estado parte debe:

(a) Adoptar medidas inmediatas para que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión, y para que toda restricción al ejercicio de la libertad de expresión cumpla los estrictos requisitos establecidos en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto.

(b) Prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticas para que sean libres de realizar su trabajo sin miedo a sufrir actos de violencia o represalias;

(c) Efectuar investigaciones rápidas, efectivas e imparciales de las denuncias de amenazas o actos de violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas políticas, llevar a los autores ante la justicia y proporcionar a las víctimas reparaciones efectivas, incluida una indemnización;

(d) Abstenerse de procesar y encarcelar a periodistas, ni siquiera amparándose en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios electrónicos de 2010 o en la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 8 de noviembre de 2017, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas políticas como medio de disuadirlos o desalentarlos para que no expresen libremente sus opiniones;

(e) Fortalecer las medidas para garantizar el funcionamiento imparcial e independiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y garantizar la trasparencia en el marco de la aprobación y renovación de licencias, particularmente, de los operadores de medios radioeléctricos.

Derecho a la participación en asuntos públicos

El Estado parte debe tomar las medidas necesarias por que su normativa y sus prácticas electorales se ajusten plenamente al Pacto — en particular a su artículo 25 — y tengan en cuenta las directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública, garantizando, entre otras cosas:

• (a) El disfrute pleno y efectivo del derecho a la participación política de todos los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas, revocando todas las disposiciones electorales que afecten su derecho a participar en asuntos públicos sin restricciones indebidas, y los jóvenes, asegurando su inscripción en el registro nacional electoral;
• (b) La celebración de elecciones nacionales, regionales y municipales justas, transparentes, inclusivas y pluralistas, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Controlaría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos, garantizando un recurso judicial efectivo contra tales inhabilitaciones;
• (c) La protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas de inhabilitación.

Aquí se pueden encontrar todas las recomendaciones formuladas por el Comité en las Observaciones Finales.

El informe de seguimiento de Venezuela sobre la aplicación de las recomendaciones deberá presentarse en 2026. La próxima lista de cuestiones se adoptará en 2029, y el próximo informe periódico deberá presentarse en 2030.