México: Impunidad, militarización y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Published on 29 Oct 2019, 12:02 PM

Comité de Derechos Humanos- 127 período de sesiones- octubre 2019

Photo Credit: CC News

El 16 y 17 de octubre de 2019, el Comité de Derechos Humanos examinó el sexto informe periódico de México sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se abordaron varias cuestiones como los pocos avances en la lucha contra la impunidad, la violencia contra las mujeres, los derechos de los migrantes y la situación de defensoras y defensores de derechos humanos. 

El Estado anunció varios compromisos y avances, entre los cuales cabe destacar que fue eliminado el arraigo de la Constitución, dando cumplimiento con varias recomendaciones de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, y que se tomarán en cuenta las recomendaciones del Comité en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2019-2024.

Los videos del examen se encuentran disponibles aquí y aquí.

Impunidad

La impunidad de las violaciones a derechos humanos perpetradas en México fue uno de los puntos que más resaltó en el debate. Miembros del Comité manifestaron sus preocupaciones por la falta de investigaciones, juicios y condenas sobre cases de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios y otras violaciones a derechos humanos que se mantienen en la impunidad. Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que en más de 75% de las detenciones en México  ocurren actos de tortura, y que de más de 4000 casos de tortura denunciados en México, las autoridades fiscales solo han ejercido una acusación en 2 casos, entre 2018 y 2019.

Militarización de la función policial civil

Otro de los puntos objeto de debate fue la introducción de la Guardia Nacional en México, creada en 2019, para ejercer labores de policía a lo largo del territorio de México. La preocupación principal de los miembros del Comité fue la militarización de este cuerpo del Estado, que aleja a la seguridad ciudadana del carácter civil que debe mantener. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que ello contribuye al aumento de la violencia y de la impunidad.

El Comité cuestionó sobre las medidas que el Estado adoptará para garantizar que el ejercicio de la seguridad ciudadana sea llevado a cabo por funcionarios civiles, y que estos sean debidamente capacitados para respetar y garantizar los derechos humanos de la población. 

Independencia del Poder Judicial

Finalmente, el Comité hizo referencia a la importancia de realzar la independencia del Poder Judicial como fundamento para garantizar los demás derechos. El Comité hizo alusión a varias denuncias de ataques contra el Poder Judicial, particularmente a través de intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y de más de 30 proyectos legislativos que afectan la independencia de la Judicatura.

Recomendaciones del Comité

El 7 de noviembre de 2019, el Comité publicó sus recomendaciones sobre el cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales establecidas en el PIDCP. Al respecto, identificó como recomendaciones prioritarias, sobre las cuales requirió un informe de seguimiento a más tardar el 8 de noviembre de 2021, las siguientes:

Derecho a la vida y seguridad personal 

  • El Estado parte debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana. En este sentido, el Estado parte debe asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas. Debe, asimismo continuar sus esfuerzos para proporcionar a todos los oficiales miembros de la Guardia Nacional formación intensiva en estándares internacionales de derechos humanos y considerar la introducción de períodos de pausa en la transición entre el servicio en las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional. De igual forma, debe asegurar que se investiguen todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación integral. El Estado debe adoptar, de manera urgente, políticas con el fin de reducir efectivamente los homicidios y ejecuciones extrajudiciales.

Impunidad

  • El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para que se investiguen prontamente todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, para que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y garantizar que las víctimas reciban reparación integral. En este sentido, debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en la investigación, incluyendo las Fiscalías y los peritos, así como asegurar la consolidación del sistema acusatorio y la autonomía de las instituciones de procuración de justicia; para todo lo anterior, debe tomar en consideración las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). El Estado parte debe, asimismo, adoptar las medidas necesarias para proteger a los testigos, las víctimas y sus familias, y a las personas que estén llevando a cabo las investigaciones, de amenazas, ataques y todo acto de represalia.

Libertad de Expresión

El Comité insta al Estado parte a:

  • a) Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus Unidades Estatales de Protección, con la asignación de recursos financieros y personal adecuados para su labor, la incorporación de la perspectiva de género en su trabajo, la ejecución de acciones que incidan sobre las causas estructurales del riesgo, tanto de forma reactiva como preventiva, y la realización de actividades para sensibilizar a la población acerca de la legitimidad de sus actividades;
  • b) Fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a las instancias administrativas de control interno, para asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todos los ataques, que los autores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación integral y asistencia adecuada;
  • c) Velar por el respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores y periodistas acusados de delitos; y
  • d) Velar por que cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión o del derecho de reunión o asociación cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en los artículos 19, párr. 3, 21 y 22, párr. 2, del Pacto.

Por su parte, el Estado deberá someter su próximo informe sobre cumplimiento con el Pacto a más tardar el 2025. El próximo diálogo constructivo con el Estado parte tendrá lugar en 2027 en Ginebra.

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Rules of Procedure of the Human Rights Committee CCPR/C/3/Rev.10

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