El pasado 6 y 7 de julio, el Comité de Derechos Humanos examinó al Estado Español por sexta vez.
Para empezar, una de las principales inquietudes que suscitó gran interés por parte de los miembros del Comité, fue la cuestión del procedimiento vigente para implementar los dictámenes adoptados por el Comité en aplicación del Protocolo Facultativo. Respecto este punto, uno de los miembros recordó que de conformidad con el principio de buena fe, el Estado tiene el compromiso de aceptar estas comunicaciones y que de acuerdo con la Convención de Viena (artículos 26 y 27) no se puede acudir a las disposiciones del derecho interno para incumplir un compromiso internacional.
Seguidamente, otro foco de interés fue el tema de la impunidad y falta de investigación de los crímenes cometidos durante la Dictadura Franquista y la Guerra Civil. En esta ocasión, los miembros del Comité reiteraron la necesidad de restablecer la verdad y reparar a las víctimas.
En este examen la cuestión de la tortura volvió a ser parte del debate. Los miembros del Comité recordaron a la delegación 
las recientes recomendaciones que el Comité contra la Tortura realizó en mayo 2015 haciendo, gran número de ellas, referencia a recomendaciones del pasado. Los miembros también manifestaron su preocupación respecto al régimen de incomunicación de los detenidos. Otra cuestión reiterada fue la falta de investigación de las denuncias de torturas. Se preguntó a la delegación sobre dos casos, el caso de Inaxio Otano Labaca y el de Tomas Madina Etxebarria. Uno de los miembros recordó a la delegación que no importa el delito por el que unos es acusado, la tortura es imprescriptible y su prohibición absoluta.
Cuestiones como : la situación de las fronteras y las condiciones en las que los extranjeros viven en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE’s); las devoluciones en caliente y los vuelos express; la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana y su posible contradicción con la libertad de manifestación y de expresión; la situación del aborto en el Estado; la nueva Ley contra el terrorismo y el riesgo de que limite la libertad de expresión; el excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en el contexto de manifestaciones; o la esterilización forzada de personas discapacitadas, estuvieron presentes durante el debate.
Para concluir, uno de los expertos hizo llegar a la delegación una observación de carácter general. Concretamente, este experto puso de manifiesto que no son leyes lo que faltan en el Estado Español, al disponer de un amplio abanico, sino que lo que preocupa es que a pesar de este cuerpo legislativo, son muchas las denuncias de violaciones de derechos humanos, dando la impresión que existe o bien una aplicación selectiva o bien una falta de voluntad política de que estas se apliquen.
El Estado deberá ofrecer información en el plazo de un año sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:
Violaciones a los derechos del pasado21)
Para una mejor comprensión de la discusión puede consultar las actas en la página web de OHCHR
El Estado deberá presentar su próximo informe periódico a más tardar el 24 de julio de 2020, facilitando información concreta y actualizada sobre todas las recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto.
