La sociedad civil boliviana impulsa el debate sobre justicia durante la pre-sesión del EPU

En el marco de la pre-sesión del EPU, una delegación de más de 20 defensores y defensoras de derechos humanos de Bolivia desempeñó un papel fundamental de incidencia, llevando las preocupaciones y demandas de la sociedad civil boliviana directamente ante representantes diplomáticos en Ginebra. Durante su gira, las personas defensoras sostuvieron reuniones bilaterales con Misiones Permanentes y con la Unión Europea, donde abordaron temas clave como la independencia del poder judicial, el aumento del presupuesto para el sistema de justicia, la aprobación de una ley integral contra la tortura, la protección de la libertad de expresión y reunión, y la lucha contra la trata de personas. Gracias a su participación activa, muchas de estas prioridades fueron incluidas en las recomendaciones dirigidas a Bolivia durante el EPU en enero de 2025.

Como complemento a estas reuniones, las personas defensoras participaron en una sesión informativa para diplomáticos organizada por la Coalición junto con el Centro CCPR, Raza e Igualdad, la OMCT y la IPPF, en la que se discutieron temas como los derechos LGBTIQ+, derechos sexuales y reproductivos, derechos de los pueblos indígenas, derechos digitales y el acceso a la justicia. Esta sesión reunió a representantes de 13 misiones permanentes y permitió a los defensores posicionar sus demandas en un espacio multilateral estratégico.

Por último, los defensores de Bolivia participaron en un encuentro de intercambio con defensores de El Salvador, donde compartieron experiencias, desafíos comunes y estrategias de articulación regional. Estas acciones reflejan no solo la capacidad de incidencia de la sociedad civil boliviana, sino también su compromiso por seguir construyendo alianzas desde una perspectiva colectiva.

Amplio respaldo estatal a las recomendaciones del EPU, con alertas sobre libertad de expresión y derechos LGBTIQ+

Susana Saavedra durante su intervención oral en el Consejo de Derechos Humanos

El examen de Bolivia tuvo lugar el 21 de enero de 2025 y la adopción de los resultados fue el pasado 1 de julio. Durante la adopción, Susana Saavedra, Directora de Fundación CONSTRUIR Bolivia, presentó una intervención oral apoyada por el Centro CCPR.

En su intervención, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos de Bolivia destacó positivamente el respaldo del Estado boliviano a la mayoría de las recomendaciones del EPU, en particular aquellas relacionadas con la reforma judicial, la lucha contra la impunidad y la protección de poblaciones vulnerables. Sin embargo, manifestó preocupación por la falta de apoyo a recomendaciones clave sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, así como por la postergación de una ley de acceso a la información pública, pendiente desde hace más de dos décadas, lo que limita el ejercicio de la libertad de expresión y el control ciudadano. También lamentó la negativa del Estado a fortalecer la libertad y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, en un contexto marcado por normativas restrictivas y exclusión de los espacios de participación. De cara a las próximas elecciones, la Coalición subrayó la necesidad de que el nuevo Gobierno priorice la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos que sea inclusivo, participativo y acorde con los compromisos internacionales asumidos.

Tras la adopción de los resultados, la Coalición presentó un comunicado apreciando el alto nivel de aceptación de las recomendaciones por parte del Estado de Bolivia (92.4%) y remarcando la importancia de avanzar en compromisos clave. Sin embargo, la principal preocupación fue la falta de justificaciones sustantivas en las recomendaciones que fueron ‘anotadas’ en lugar de ‘aceptadas’, como las mencionadas sobre la libertad de asociación y el acceso a la información pública, y la negativa a reconocer legalmente los derechos de las personas LGBTIQ+.

¿Qué sigue?

Tras la adopción de los resultados del EPU, Bolivia entra ahora en la fase de seguimiento, que implica la vigilancia y la implementación de las recomendaciones aceptadas por el país durante su examen. El Estado deberá implementar las recomendaciones e informar al Consejo de Derechos Humanos de medidas tomadas para avanzar en materia de derechos humanos.