Objetivo de la misión

El propósito principal de la misión fue dialogar con las autoridades colombianas, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y otros actores relevantes sobre los avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones seleccionadas por el Comité :

• Lucha contra la impunidad y violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno (párrafo 9);
• Prevención y atención de la trata de personas (párrafo 25); y
• Protección de personas defensoras de derechos humanos (párrafo 35).

Asimismo, la delegación abordó la recomendación relativa al derecho de reunión pacífica debido a su importancia en el contexto nacional.

Durante la misión, la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia. También se sostuvieron importantes reuniones con la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la OACNUDH, el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Universidad del Rosario, el cuerpo diplomático y organizaciones de la sociedad civil. Finalmenet, hubo un espacio de diálogo con jóvenes y entrevistas con medios de comunicación.

La delegación recordó a las autoridades que Colombia debe presentar su informe de seguimiento en julio de 2026.

Principales hallazgos

Impunidad y justicia transicional
A pesar de los esfuerzos por avanzar hacia una “paz total”, el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 se ha fragmentado. Persisten altos niveles de violencia en diversas regiones. Las recientes sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los macrocasos son un paso importante, aunque la reparación integral a las víctimas avanza lentamente. La falta de coordinación institucional y la reducción de recursos para entidades como la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas comprometen la sostenibilidad del sistema de justicia transicional.

Trata de personas
La trata continúa siendo un problema grave y desatendido, estrechamente vinculado al conflicto armado y a los flujos migratorios. Las instituciones encargadas de la prevención y atención carecen de recursos y coordinación, y la Estrategia Nacional de Prevención —que debía actualizarse en 2023— permanece paralizada. En zonas como el Darién, la trata se ha naturalizado ante la falta de presencia estatal efectiva.

Protección de personas defensoras de derechos humanos
La violencia contra personas defensoras sigue siendo alarmante: más de 450 asesinatos se registraron entre 2023 y 2025. Pese a la sentencia SU-546/2023 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional, aún no se implementa una política pública integral de protección. La Unidad Nacional de Protección mantiene un enfoque individual, sin atender adecuadamente los riesgos colectivos ni territoriales. Se habla de un nuevo enfoque colectivo, pero no se termina de concretar.

Derecho a la protesta pacífica
El decreto de 2024 que restringe el uso de armas y la sustitución del ESMAD por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) representa un avance significativo. Sin embargo, persisten la impunidad: solo un caso de homicidio en protestas ha resultado en condena. La ausencia de una ley sobre el uso de la fuerza limita las garantías efectivas para manifestantes y defensores.

Conclusiones

La misión concluyó que, si bien existen avances parciales, persisten desafíos estructurales en materia de impunidad, coordinación institucional y protección de derechos humanos. Es necesario fortalecer las políticas públicas en torno a la justicia transicional, la trata de personas, la protección de defensores y el derecho a la protesta pacífica.

La delegación destacó la disposición positiva de todos los actores y exhortó a las autoridades a crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.