Visita de una defensora de derechos humanos y amplia participación en línea

Adriana Vaselli, representante de SERPAJ-Uruguay, viajó a Ginebra para participar presencialmente en las reuniones con los miembros del Comité y observar el diálogo con el Estado. Adriana tuvo además varias reuniones de incidencia entre las que cabe destacar:

• Reunión con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, justo antes de la visita a Uruguay, en la que los expertos y expertas destacaron que Uruguay debe intensificar la búsqueda de personas desaparecidas y luchar contra la impunidad.
• Reunión con la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en la que se habló de serias preocupaciones sobre la elección de un nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Al respecto más de 100 organizaciones presentaron esta carta abierta.

Por otro lado, varias organizaciones uruguayas participaron en línea durante las reuniones con los miembros del Comité, quienes apreciaron la información proporcionada tanto por escrito como oralmente.

El diálogo y las recomendaciones del Comité a Uruguay

Tomando en cuenta la información presentada por las ONG, los miembros del Comité sostuvieron un diálogo constructivo con Uruguay y adoptaron una serie de recomendaciones, entre las que cabe destacar:

Violencia contra la mujer y violencia domestica

El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas incluidas la violencia doméstica y la violencia sexual, en particular, debe adoptar las medidas necesarias para:

• a) Asignar los recursos financieros, técnicos y humanos que resulten necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su territorio;
• b) Velar por que los funcionarios públicos pertinentes, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden, personal de salud y asistencia social, entre otros, reciban una formación adecuada para detectar, tramitar e investigar los casos de violencia contra la mujer teniendo en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos;
• c) Facilitar y alentar por diversos medios la presentación de denuncias por parte de las víctimas; asegurar que todos los hechos de violencia contra mujeres y niñas sean investigados y de manera pronta, exhaustiva e imparcial; que los responsables sean enjuiciados y sancionados; y que las víctimas obtengan reparación integral, incluyendo para sus familias, de ser el caso.

Tratamiento a personas privadas de libertad

El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a:

• a) Asegurar que las personas en prisión preventiva estén efectivamente separadas de las personas con condena;
• b) Asegurar que todos los casos de muertes bajo custodia sean investigados; y que los autores de muertes provocadas sean enjuiciados y debidamente sancionados;
• c) Reducir eficazmente el hacinamiento y el elevado porcentaje de personas en prisión preventiva; priorizar la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad de conformidad con las disposiciones del Pacto, y priorizar las medidas sociales y educativas no privativas de libertad para las mujeres que hayan cometido delitos no violentos;
• d) Velar por que se evite, en la mayor medida posible, la detención preventiva de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el uso de medidas de sustitución que no impliquen privación de libertad y garanticen su rehabilitación y reintegración en la comunidad, tomando en cuenta su interés superior; y armonizar su legislación y sus prácticas en materia de adolescentes en conflicto con la ley con el Pacto y las normas internacionales;
• e) Mejorar las condiciones de detención garantizando que estas se ajusten a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), así como el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad conforme al artículo 10 del Pacto, con mayores recursos financieros y de personal adecuados.

Acceso a la justicia, independencia judicial y derecho a un juicio imparcial

El Estado parte debe:

• a) Garantizar que la defensa pública sea independizada del Poder Judicial jerárquica y presupuestariamente; cuente con los recursos financieros, técnicos y de personal adecuados para llevar adelante su labor de manera oportuna e idónea en todo el territorio de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso y juicio justo;
• b) Cerciorarse de que todos los casos de abusos policiales se investiguen exhaustivamente sin demora y que los responsables sean sancionados.

El Centro CCPR continuará apoyando a la Coalición de OSC de Uruguay para dar seguimiento a las recomendaciones a nivel nacional. Entre las actividades planeadas se encuentra la visita de un miembro del Comité al país a finales de 2022.