España, señalada por el Comité por discriminación y trato a personas migrantes
Published on 18 Jul 2025, 03:44 PM
El Comité de Derechos Humanos revisa a España en un examen centrado en la discriminación y el trato a personas migrantes
Agentes de la policía antidisturbios tras la llegada de migrantes en Melilla, España, el 24 de junio de 2022. Autor: EPV
El 2 y 3 de julio de 2025, el Comité de Derechos Humanos examinó el séptimo informe periódico de España sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) con la delegación del Estado. La delegación estuvo presidida por el Sr. Marcos Gómez Martínez, embajador de España ante la ONU. Además, tenía mayoría femenina y se compuso casi exclusivamente por funcionarios de distintos ministerios del Gobierno que representaban a áreas como Exteriores, Justicia, Interior, Igualdad, Sanidad, Inclusión, Juventud e Infancia.
El diálogo estuvo fuertemente centrado en las preocupaciones del Comité sobre la persistencia del racismo y la discriminación en España, especialmente hacia personas migrantes y comunidades racializadas. En un país con una población extranjera significativa y creciente, tanto por ser frontera sur de Europa como por los vínculos históricos con América Latina, el Comité centró buena parte de sus preguntas en el impacto de políticas migratorias restrictivas, el uso del perfilado racial por parte de las fuerzas de seguridad, las condiciones en centros de internamiento y las barreras en el acceso a derechos básicos. Esta atención sostenida reveló la necesidad de respuestas más firmes por parte del Estado.
Personas migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas
El Comité expresó su preocupación por la situación de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en España, en particular por las condiciones en los centros de internamiento (CIE y CETI) y el acceso a la justicia de quienes están en situación irregular. El Comité también manifestó su preocupación por las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, alertando sobre la falta de garantías procesales. Las tragedias del Tarajal en 2014 y de Melilla en 2022 se mencionaron como ejemplos de situaciones que exigen rendición de cuentas.
La delegación española afirmó que se han mejorado las condiciones en los CIE y CETI, y que las personas en situación irregular pueden acceder a la justicia, especialmente en casos de trata o violencia. En relación con el derecho de asilo, la delegación destacó que el número de solicitudes de protección internacional ha aumentado significativamente en los últimos años, alcanzando más de 160.000 en 2023, lo que ha supuesto un reto para el sistema, y señaló que se han reforzado los recursos administrativos para agilizar la tramitación.
La delegación también defendió la legalidad del procedimiento de rechazo en frontera previsto en la Ley de Extranjería y aseguró que se aplica conforme al principio de no devolución y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Añadió que existen mecanismos para identificar situaciones de vulnerabilidad y que las actuaciones policiales se realizan bajo supervisión judicial. Sobre el incidente de Melilla en 2022, se defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, afirmando que fue proporcional y en coordinación con las autoridades marroquíes ante un intento masivo y violento de entrada.
Tensiones en la libertad de expresión con el Catalangate y la ley mordaza
Otra preocupación del Comité fueron las vulneraciones a la libertad de expresión y de reunión, haciendo referencia al caso Catalangate, en el que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría utilizado el software espía Pegasus para vigilar a líderes políticos y activistas independentistas catalanes. También cuestionó la infiltración policial en movimientos sociales sin autorización judicial, señalando que ninguno de estos hechos ha sido objeto de una investigación efectiva. Por último, se manifestó inquietud por el impacto de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘ley mordaza’) al considerar que se ha usado para sancionar protestas pacíficas y restringir la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En respuesta, la delegación española afirmó que toda intervención en comunicaciones, incluida las realizadas por el CNI, están sujetas a autorización judicial previa y bajo el control de un magistrado del Tribunal Supremo. Respecto a las infiltraciones policiales en movimientos sociales, no se ofrecieron detalles sobre casos concretos, pero se reiteró que las actuaciones policiales deben ajustarse al marco legal y están sometidas a control judicial. En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, el Estado defendió que se aplica conforme a los principios de legalidad y proporcionalidad, y destacó que está siendo objeto de revisión parlamentaria.
Memoria democrática y justicia transicional por los crímenes del franquismo
Delegación de España en Palais Wilson, Ginebra.
Por último, el Comité abordó la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 (Pacto del Olvido), que no solo permitió la liberación de presos políticos de la dictadura, sino que también amnistió a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos durante el franquismo. Señaló su posible incompatibilidad con los estándares internacionales y preguntó a la delegación española si se prevé su derogación y cómo se articula actualmente con la Ley de Memoria Democrática de 2022. El Comité también expresó preocupación por la existencia de leyes regionales que podrían contradecir la ley estatal de memoria democrática.
En respuesta, la delegación española afirmó que no se prevé la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, argumentando que fue fruto de un amplio consenso político durante la transición y que su objetivo fue facilitar la reconciliación nacional. Explicó que esta norma puede coexistir con la Ley de Memoria Democrática de 2022, ya que esta última obliga a interpretar todas las leyes conforme al derecho internacional. Sin embargo, en la práctica los tribunales españoles han seguido archivando causas alegando prescripción, irretroactividad penal o falta de tipificación en el momento de los hechos. En este contexto, se señaló que se ha creado una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática que ya está investigando casos. Sobre las leyes autonómicas que podrían contradecir el marco estatal, informó que han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional y que su aplicación está suspendida hasta que se resuelva su legalidad.
Vuelve a ver el diálogo con la delegación española aquí (parte 1) y aquí (parte 2).
Aviso: Las transcripciones del diálogo con tecnología WIPO Speech-to-Text disponibles aquí sirvieron como fuente principal del artículo presentado, que se redactó con ayuda de IA. Aunque toda la información se ha comprobado cuidadosamente, puede consultarse la versión oficial del diálogo en el audio o en UN WebTV.
Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos
Las Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de España fueron publicadas el 18 de julio de 2025. Se solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 18 de julio de 2028, información sobre la aplicación de las siguientes recomendaciones (resumidas):
No discriminación
El Comité recomendó a España redoblar sus esfuerzos para combatir el racismo, la xenofobia y el perfilado racial y étnico, reforzando sus marcos legislativos, institucionales y de políticas públicas. En particular:
- (a) Acelerar la aprobación de la ley contra el racismo y formas conexas de intolerancia;
- (b) Asegurar que la Autoridad Independiente para la Igualdad cuente con los recursos, independencia y mandato necesarios;
- (c) Adoptar medidas concretas para eliminar el perfilado racial, incluida su prohibición legal explícita;
- (d) Garantizar mecanismos de rendición de cuentas transparentes y con datos accesibles al público; y
- (e) Intensificar la formación policial contra el perfilado, supervisando su eficacia mediante datos sobre detenciones y registros.
Discurso de odio y delitos de odio
El Comité instó a España a intensificar su lucha contra los delitos y discursos de odio, así como contra la incitación a la discriminación o violencia por motivos de raza, etnia, religión, orientación sexual o identidad de género. En particular:
- (a) Reforzar la concienciación pública sobre derechos humanos y tolerancia, combatiendo prejuicios estereotipados;
- (b) Fomentar la denuncia de delitos de odio, asegurar su investigación y sanción, y garantizar reparación efectiva a las víctimas;
- (c) Recopilar estadísticas desglosadas que diferencien entre delitos de odio, discursos de odio y otras formas de discriminación, incluyendo la motivación ideológica y el grupo religioso afectado;
- (d) Fortalecer la cooperación con la sociedad civil e impartir formación adecuada a autoridades, cuerpos de seguridad, jueces, fiscales y medios de comunicación para prevenir y combatir estos fenómenos.
Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo
El Comité recomendó a España redoblar sus esfuerzos para mejorar el sistema de asilo y las condiciones de acogida. En particular:
- (a) Aumentar con urgencia la capacidad de tramitación de solicitudes de protección internacional y asegurar su recepción, registro y traslado inmediato a las autoridades competentes;
- (b) Establecer un marco reglamentario unificado para los centros de atención temporal y garantizar que las condiciones en los centros de acogida cumplan con las normas internacionales;
- (c) Fomentar alternativas a la detención administrativa y, mientras esta se mantenga, mejorar las condiciones de vida en los CIE para asegurar un nivel de vida adecuado y acceso a servicios básicos.
Aquí se pueden encontrar todas las recomendaciones formuladas por el Comité en las Observaciones Finales.
El informe de seguimiento de España sobre la aplicación de las recomendaciones deberá presentarse en 2028. La próxima lista de cuestiones se adoptará en 2031, y el próximo informe periódico deberá presentarse en 2032.