Del 8 al 10 de marzo de 2022, Bolivia compareció en línea ante el Comité de Derechos Humanos por cuarta vez desde su ratificación en 1982
Review of Bolivia by the Human Rights Committee
Los días 8, 9 y 10 de marzo de 2022 Bolivia compareció ante el Comité de Derechos Humanos para su cuarto examen periódico. Algunos de los temas más importantes de la agenda fueron la corrupción, la injerencia política y la independencia del poder judicial. Se plantearon preocupaciones específicas sobre el hecho de que muchos jueces y fiscales tengan contratos temporales y sobre la forma en que se seleccionan actualmente. Para elegir a los jueces, la Asamblea Legislativa boliviana aprueba a los candidatos por una mayoría de dos tercios, y los jueces son posteriormente electos mediante votación popular. Además, el Comité señaló que el 40% de los jueces han denunciado haber sido contactados por un funcionario público y que el Ministerio de Justicia suele recibir presiones políticas. Por lo tanto, el Comité preguntó qué medidas se aplican para evitar este tipo de injerencias en el poder judicial. La delegación declaró que los jueces de la actual administración reciben una formación exhaustiva, y admitió que es necesario transformar el sistema judicial, para lo cual acogió con satisfacción las recomendaciones del Comité.
Sobre la situación actual de las cárceles en Bolivia, se hizo hincapié en la salud de los reclusos y en la necesidad de reducir el hacinamiento. El Comité preguntó qué medidas se habían tomado para reducir el número de personas en prisión preventiva, que constituyen el 65% de todas las personas privadas de libertad. La delegación respondió señalando que el hacinamiento en las cárceles se había reducido de alrededor del 200% al 148% debido a la construcción de nuevas cárceles y a la ampliación de las existentes, así como al indulto de mujeres con hijos, personas con discapacidad y enfermos terminales para reducir el número de reclusos.
La delegación también declaró que, si bien la tortura era habitual bajo el gobierno de transición, el nuevo gobierno electo democráticamente estaba trabajando para tipificarla como delito. Cuando se le preguntó de qué mecanismos se disponía para presentar denuncias contra la tortura, la delegación declaró que se había abierto una línea telefónica para denunciar casos de tortura. La Cruz Roja Internacional y las instituciones de derechos humanos investigaron los casos de tortura y 70 agentes de policía fueron despedidos a raíz de estas denuncias.
La cuestión de la violencia contra las mujeres, el feminicidio y la violencia sexual ocupó un lugar destacado en el diálogo. El Comité observó que la tasa de feminicidios es la más alta de América Latina y que se ha producido un aumento significativo en la violencia contra las mujeres y en la violencia sexual. Al mismo tiempo, pareciera que solo hay una condena sobre este tema durante todo el año 2021. Se formuló otra pregunta sobre los planes de Bolivia de cambiar su definición de violación, para que incluya el abuso sexual de menores y entre parejas casadas. La delegación admitió que había un alto índice de violencia contra las mujeres, al tiempo que señaló que una Comisión estaba trabajando para prevenir los feminicidios y la violencia contra las mujeres.
En cuanto al tema del aborto, el Comité preguntó qué medidas estaba adoptando Bolivia para eliminar los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres para acceder a un aborto seguro y legal, así como para evitar que las mujeres que abortaban fueran procesadas. La delegación respondió que la Defensora del Pueblo había velado por la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de acceso al aborto, y que se estaban dando los primeros pasos para evitar la discriminación de las mujeres que habían abortado.
Las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el cuarto informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia se adoptaron el 30 de marzo de 2022. Al respecto, el Comité solicitó al Estado parte que facilite, al 25 de marzo de 2025, información sobre la aplicación de las siguientes recomendaciones:
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. En particular:
a) Asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres;
b) Asegurar que todas las medidas de lucha contra la violencia contra las mujeres que se adopten protejan también a las mujeres trans;
c) Facilitar y alentar la presentación de denuncias por parte de las víctimas; asegurar que todos los hechos de violencia contra mujeres y niñas sean investigados y de manera pronta, exhaustiva e imparcial; garantizar que en el marco de la investigación se evite la re victimización de las víctimas; que los responsables sean enjuiciados y sancionados; y que las víctimas obtengan reparación integral;
d) Revisar a la mayor brevedad posible los tipos penales de violación y estupro del Código Penal
e) Garantizar asistencia a las víctimas
El Estado parte debe:
a) Intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y el trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre;
b) Garantizar que los casos de trata de personas y trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre sean investigados de manera pronta, exhaustiva e imparcial; que los responsables sean sancionados adecuadamente; y que las víctimas reciban reparación integral;
c) Continuar y reforzar las campañas de prevención y sensibilización de la población respecto a los efectos negativos de la trata, así como sus medidas de capacitación, especialización y sensibilización de los funcionarios y otras personas encargadas de investigar esos delitos y prestar protección, atención e identificar a las víctimas, en particular en puestos fronterizos;
d) Garantizar la asignación de los recursos financieros, técnicos y de personal adecuados;
e) Redoblar sus esfuerzos para: identificar a las víctimas de trata de personas y proveerles medios de protección y asistencia adecuados;
f) Acelerar la adopción de la nueva Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas, así como el nuevo Plan Multisectorial de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas.
El Estado parte debe:
a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales. Al respecto, debe acelerar el proceso de reforma del sistema de justicia;
b) Tomar medidas para prevenir, combatir y sancionar los actos de corrupción;
c) Adoptar las medidas necesarias para corregir la provisionalidad de jueces y fiscales, así como para asegurar que los procesos de selección, evaluación, disciplina y remoción se hagan de forma transparente por un órgano independiente y se basen en la ley y en criterios públicos y objetivos de idoneidad, mérito y antecedentes profesionales;
d) Asegurar la plena cobertura geográfica del sistema de justicia y que se le asignen recursos financieros, técnicos y de personal suficientes;
e) Garantizar que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública cuente con los recursos financieros, técnicos y de personal adecuados.
Aquí puede encontrar el conjunto de recomendaciones hechas por el Comité a Bolivia.
