Venezuela: Un examen desarrollado en un clima de tension

El pasado 29 y 30 de junio se celebró en la ciudad de Ginebra el cuarto examen sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la República Bolivariana de Venezuela.

11717508_10153460744918839_3649571557990439530_oEn un primer momento los miembros del Comité destacaron los importantes avances alcanzados por el Estado Venezolano. Sin embargo, y tal como recordó en diferentes ocasiones el presidente del Comité, Fabián Salvioli, la función del Comité de Derechos Humanos no es juzgar a los Estados sino supervisar como este aplica las disposiciones del Pacto.

De entre las diferentes cuestiones que se plantearon, una de las que más se reitero fue el caso de la Jueza Afiuni. Fueron varios los miembros del Comité que mostraron su preocupación acerca de su situación y ello debido a la transversalidad de la cuestión, al poner en relieve algunas de las principales inquietudes de los expertos : la independencia del poder judicial y la situación de los defensores de los derechos humanos. Ya en las pasadas Observaciones Finales (2001), los expertos mostraron su preocupación respecto con el prolongado proceso de reorganización del poder judicial al que se encontraba inmerso el Estado en esa fecha.En concreto la preocupación que fue reiterada en esta sesión, fue el problema de la independencia de los jueces al disponer solo un 75% de los mismos una posición fija, por lo que los expertos solicitaron más datos sobre la situación laboral de los y las juezas Venezolanos. Seguidamente, la situación de los defensores de derechos humanos fue otra de las cuestione abordadas por los expertos, mostrando su interés para con distintos casos, como el caso del asesinato del defensor de derechos humanos Mijail Martínez en 2009 y las amenazas que recibió el padre del mismo en junio 2010 y en enero 2012; las amenazas contra Humberto Prado Sifontes, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en junio 2011 y mayo 2012, siendo especialmente preocupante la amenaza de muerte que recibió el Sr. Prado.

Otra cuestión que se planteó durante el dialogo estuvo directamente relacionada con el derecho a la libertad de expresión e información : la situación de CONATEL, (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). Uno de los expertos mostró su inquietud sobre los estándares utilizados para equilibrar la libertad de expresión y la libertad a recibir información, considerando que las restricciones establecidas exceden lo previsto en los artículos 19 y 20 del Pacto.

Seguidamente, los expertos mostraron su preocupación por las miles de detenciones prejudiciales que se produjeron durante las manifestaciones que se produjeron entre febrero y junio 2014, y su posible incompatibilidad con el derecho a la vida. Ante ello, los miembros preguntaron acerca del número de investigaciones pendientes respecto a las denuncias de tortura y tratos crueles e inhumanos interpuestas. También mostraron interés en el número de personas que fueron detenidas durante este periodo y la situación actual de los casos.

Finalmente, es de destacar una de las intervenciones de uno de los miembros del Comité el cual realizó una apreciación al Estados. Según este miembro, los Estados que abogan por una transformación social se enfrentan a toda una serie de reacciones tanto internas como externas que dificultan avanzar en tal proyecto. No obstante, los gobiernos no deben sucumbir a tales presiones, manteniendo sus proyectos sociales mediante el respeto de los principios y de los derechos de todas y cada una de las personas. Se puede defender un proyecto de justicia social sin violar los Derechos Humanos.

El Estado deberá ofrecer información en el plazo de un año sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:

  • Observancia de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones (14)
  • Independencia del Poder Judicial (15)

  • Presuntos actos de intimidación, descalificación, amenazas y/o ataques contra periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados y presuntas detenciones arbitrarias de algunos miembros de la oposición política (17)

  • Declaraciones descalificatorias contra miembros de organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a la labor del Comité (18)

Para una mejor comprensión de la discusión puede consultar las actas en la página web de OHCHR o a través del Webcast de la sesión.

El Estado deberá presentar su próximo informe periódico a más tardar el 24 de julio de 2018, facilitando información concreta y actualizada sobre todas las recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto.

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