Visita de seguimiento del CCPR a Honduras

Organizaciones de Sociedad Civil hondureñas preocupadas por la ausencia de avances en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Representantes de comunidades indígenas y afro-hondureñas con miembros de ASFC y CCPR

A casi dos años de la adopción de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Honduras, Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) organizaron una misión a Tegucigalpa para dar seguimiento a las recomendaciones seleccionadas como prioritarias por el Comité:

  • Derechos sexuales y reproductivos
  • Militarización y empresas de seguridad privadas
  • Libertad de expresión y defensores de derechos humanos
  • Derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños

Durante la misión, llevada a cabo del 10 al 12 junio, se sostuvo una consulta con más de 20 organizaciones de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas y afrohondureños, así como una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos. La misión contó con la participación por videoconferencia de la miembro del Comité de Derechos Humanos Tania Abdo Rocholl.

La delegación pudo constatar un preocupante clima de descontento social con el gobierno actual, considerado por varias OSC como ilegítimo. Cabe recordar que en noviembre 2017 hubo elecciones generales en Honduras que fueron calificadas como irregulares y fraudulentas por amplios sectores de la población, lo que desencadenó una ola de protestas en todo el país, en la que intervinieron la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de forma cuestionable.

El gobierno ha instaurado un mecanismo interinstitucional para dar cumplimiento a los compromisos internacionales de derechos humanos y se ha puesto al día en la presentación de informes a los organismos internacionales. Se ha puesto en marcha también el SIMOREH y se cuenta con diez mesas poblacionales para dar seguimiento a las recomendaciones con el objetivo de incorporar los derechos humanos en las políticas públicas. Sin embargo, falta mucho por hacer para implementar las recomendaciones.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto sigue penalizado sin excepciones. A pesar de la reciente aprobación de un nuevo Código Penal, el delito de aborto se mantuvo sin modificación alguna. Se han documentado casos de criminalización de mujeres acusadas del delito de aborto.

La Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) sigue prohibida por Decreto Ministerial, que podría simplemente derogarse, pero no se han tomado medidas al respecto. Se elaboró un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que incluía la posibilidad de dar la PAE a mujeres víctimas de violación, pero el protocolo no ha sido aprobado. Las autoridades argumentan que se encuentra en análisis.

Militarización y empresas de seguridad privadas

Si bien el Estado ha tomado medidas para el fortalecimiento de la Policía Nacional a fin de reducir gradualmente la participación de los militares en tareas del orden público, los militares siguen siendo numerosos y siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra civiles, por ejemplo, durante manifestaciones, desalojos y conflictos de tierras. Por su parte, los distintos cuerpos policiales también siguen cometiendo abusos y uso excesivo de la fuerza. Preocupa especialmente la actuación de las policías municipales. A eso se suman las empresas de seguridad privada, quienes superan ampliamente el número de policías y que cuentan con armas, pero sin suficiente capacitación sobre su uso y sin protocolos sobre uso de la fuerza.

Libertad de expresión y defensores de derechos humanos

Los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensores y defensoras del medio ambiente, siguen siendo objeto de desacreditación, hostigamiento y criminalización. Si bien existe la Ley y el Mecanismo Nacional para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y operadores del sistema de justicia, no es considerado fiable ni eficaz por parte de la sociedad civil. Se argumenta que es lento y que falta voluntad política para su efectividad. Las fuerzas armadas hacen parte del Mecanismo y esto es cuestionado por algunos actores de la sociedad civil porque genera desconfianza.

En cuanto a la libertad de expresión, el nuevo código penal redujo las penas, pero mantuvo los delitos de calumnia, difamación e injuria en los medios de comunicación con penas de prisión. Periodistas que han denunciado casos de corrupción han sido víctimas de ataques, incluso asesinatos.

Derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños

La delegación fue informada de la existencia de dos proyectos de ley de consulta libre, previa e informada presentados ante el Congreso Nacional. El primero fue presentado por el gobierno sin consultar a los pueblos indígenas, quienes se oponen al anteproyecto. El segundo fue presentado por una plataforma ciudadana, liderada por la Sra. Gloria López, sin el apoyo de los pueblos indígenas de Honduras.

Rules of Procedure of the Human Rights Committee

Rules of Procedure of the Human Rights Committee CCPR/C/3/Rev.10

Arabic | Chinese | English | French | Russian | Spanish

CCPR NGO Participation

Documents adopted by the Human Rights Committee (March 2012)

English | French | Spanish | Russian | Handbook

CCPR NHRI Participation

Documents adopted by the Human Rights Committee (November 2012)

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