Guatemala: Corrupción y derechos de los pueblos indígenas entre los temas que más preocupan al Comité

El cuarto informe periódico de Guatemala ha sido revisado por el Comité de Derechos Humanos entre el 12 y 13 de marzo de 2018. Los miembros del Comité han dado la bienvenida a la delegación de Guatemala y saludado el esfuerzo del país con respecto a la protección de derechos humanos.

Entre los temas que fueron resaltados por parte del Comité destacan las violaciones a los derechos de la mujer, incluyendo la restrictiva legislación sobre aborto; la falta de respeto al derecho de consentimiento informado previo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas de su interés; la corrupción en el sistema judicial y sus implicaciones en la elección transparente de altos funcionarios.

Videos de la sesión disponibles aquí:  Parte 1 y Parte 2

"Las muertes violentas de mujeres han incrementado en los últimos 3 años."

- José Manuel Santos Pais, Miembro del Comité

Situación de derechos de la mujer

En Guatemala, el aborto es castigado con penas de hasta de 3 años de prisión. Existe un nuevo protocolo que permite el aborto terapéutico cuando la salud de la mujer se encuentra en riesgo, sin embargo en el resto de los casos el aborto sigue criminalizado. El Comité ha pedido al Estado que explique en qué caso el aborto terapéutico es permitido para salvaguardar la salud de la mujer y cuál es el número de abortos que se han practicado bajo la legislación vigente. La delegación de Guatemala explicó que el aborto en el país es únicamente practicado cuando la vida de la mujer está en riesgo, más que todo en casos de enfermedades cardíacas. También explicaron que existe actualmente una iniciativa legislativa frente al Parlamento que busca despenalizar el aborto en adolescentes víctimas de violación sexual. El Comité expresó también preocupación sobre los casos de mortalidad materna en el país y su relación con los casos de aborto, a lo que el Estado respondió que no poseían estadísticas al respecto debido a que el aborto es una práctica ilegal que se lleva en clandestinidad.

En el contexto de violencia y discriminación contra la mujer, el Comité expresó preocupación sobre el incremento de la tasa de feminicidios durante los últimos diez años. Se le preguntó a la delegación cuáles han sido las medidas implementadas para combatir estas prácticas. Sobre ello, la delegación argumentó que en el año 2017 el número de feminicidios ha descendido y se han implementado planes de apoyo a las víctimas de violación sexual. Además, el Estado resaltó la creación de una sección especial en la fiscalía, enfocada en delitos contra la mujer.

Consentimiento informado previo de los pueblos indígenas y su inclusión en la toma de decisiones

El Comité también resaltó hechos concernientes a los pueblos indígenas, en específico, preguntaron a la delegación si el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas ha sido tomado en cuenta en toma de decisiones sobre políticas que los afecten directamente. Por su parte, el Estado respondió que luego de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, más de 2000 indígenas han sido incluidos en las tomas de decisiones. También, el Comité expresó preocupación sobre la situación de los pueblos indígenas referente a los derechos de propiedad comunal y participación política de líderes indígenas. Para estos efectos, el Estado aclaró que la población indígena ha sido incluida en los ministerios y secretarías de estado, además, existen 31 entidades que proveen apoyo a las comunidades indígenas en los temas mencionados por el Comité.

Corrupción en el sistema judicial

Otro tema relevante destacado por el Comité ha sido el de la corrupción en Guatemala, particularmente en el sistema judicial, donde un 20% del gasto público ha sido desviado o mal utilizado. El Comité expresó su preocupación por cómo la corrupción en el sistema podría afectar la elección del Fiscal General y cómo su independencia sería garantizada. La delegación afirmó que todos los funcionarios de alto rango en el sistema judicial y el Fiscal General han sido elegidos mediante procesos imparciales. A su vez, el Comité preguntó más información sobre los planes implementados por el Estado para contrarrestar el problema de la corrupción en el sistema judicial, cómo se han llevado a cabo las investigaciones sobre casos de corrupción y cuantas personas han sido enjuiciadas. La delegación replicó que la Fiscalía General ha recibido 17.927 casos de corrupción y en ellos se ha enjuiciado 375 de ellos.

Recomendaciones del Comité

El Estado Parte debe proporcionar información sobre la implementación de las siguientes recomendaciones de las Observaciones Generales del Comité a más tardar el 6 de abril de 2020.

Independencia judicial, autonomía del Ministerio Público y lucha contra la corrupción

  • Priorizar la aprobación de las reformas constitucionales y legislativas con el fin de garantizar la inamovilidad en el cargo de los jueces y magistrados y asegurar que las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia sean realizadas por un ente independiente e imparcial.
  • Garantizar que el proceso de selección y nombramiento de los magistrados, jueces y fiscales, así como el del Fiscal General y del Contralor General de Cuentas de la Nación, se base exclusivamente en criterios objetivos y transparentes.
  • Diseñar un protocolo para la protección de operadores de justicia y sujetos procesales, reforzar el programa de protección a testigos y respetar la independencia de los operadores de justicia.
  • Reformar la Ley de Antejuicio con el fin de precisar su alcance.
  • Reforzar el apoyo a la CICIG y la Fiscalía General y velar por su independencia.

Libertad de expresión, reunión y asociación

  • Aprobar e implementar una política pública eficaz de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas y reconocer públicamente, y sensibilizar a la población, acerca de la legitimidad de sus actividades.
  • Dotar de los recursos necesarios a los organismos existentes con el fin de mejorar el análisis y la respuesta del Estado a los ataques a defensores, periodistas y sindicalistas.
  • Intensificar sus esfuerzos para asegurar que se investiguen todos los ataques, los autores sean llevados ante la justicia y las víctimas reciban reparación integral.
  • Velar por el respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores acusados de delitos.
  • Velar por que cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión o del derecho de reunión o asociación cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el Pacto.

Derechos de los pueblos indígenas

  • Velar por la celebración de consultas efectivas con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, y porque los pueblos indígenas sean consultados antes de la adopción de cualquier instrumento normativo relacionado con la consulta.
  • Modificar las leyes que impidan el ejercicio de este derecho, y respetar, entre tanto, las consultas comunitarias convocadas conforme a las normas del Código Municipal, velando por que éstas se hagan en plena conformidad con el Pacto.
  • Velar por que no se realicen desalojos forzosos no acordes con los estándares internacionales.
  • Velar por que la aplicación de los estados de emergencia se ciña estrictamente a las condiciones definidas en el artículo 4 del Pacto.
  • Asignar de forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las empresas de radio públicas, comerciales y de la comunidad, reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria, para que los pueblos indígenas puedan expresarse en sus lenguas y promover su cultura, y abstenerse de aplicar sanciones penales por el ejercicio no autorizado de la radiodifusión.

Guatemala deberá entregar su próximo informe periódico a más tardar el 6 de abril de 2023

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