Ex Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visita Guatemala

Preocupa la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho

Delegación del CCPR-Centre con autoridades indígenas

Con miras a crear espacios de diálogo sobre las recomendaciones aprobadas por el Comité de Derechos Humanos, el CCPR Centre realizó una visita a Guatemala del 6 al 8 de febrero de 2019 en coordinación con la Plataforma Internacional contra la Impunidad. 

La delegación estuvo compuesta por Sarah Cleveland (ex-Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia), Walleska Pareja Díaz (consultora del CCPR Centre) y Anabella Sibrián (Directora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad).

Durante la visita se difundieron las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos con actores clave para la implementación y seguimiento:

  • Corte de Constitucionalidad, jueces y juezas de diversas instancias
  • Congreso de la República
  • Procuraduría de los Derechos Humanos
  • Ministerio Público
  • Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
  • Sociedad civil
  • Autoridades indígenas
  • Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  • Representaciones diplomáticas de diversos países

"Nuestra función es la defensa del Estado constitucional de derecho, mantener la república democrática dentro de un Estado de Derecho"

- Juez de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

Seguimiento a temas prioritarios

Anabella Sibrián, recordó a los actores clave que el Estado guatemalteco tiene que rendir información al Comité de Derechos Humanos en abril de 2020 sobre tres asuntos que fueron marcados como prioridad por el Comité:

  • Independencia judicial, autonomía del Ministerio Público y lucha contra la corrupción
  • Libertad de expresión, reunión y asociación
  • Derechos de los pueblos indígenas

Principales retos y preocupaciones

Se evidenciaron retos con respecto de:

  • Difusión de las recomendaciones: no se observa que las y los actores hayan sido informados por parte del Estado sobre lo aprobado por el Comité, en cumplimiento del párrafo 40 de las recomendaciones de 2018;
  • Separación de poderes: se observa una supuesta intromisión en el trabajo de los diversos poderes estatales incluyendo el llamado público del Presidente a no acatar resoluciones jurisdiccionales. Además, jueces u operadores de justicia que son percibidos como independientes, han sido objeto de trámites de antejuicio (con el afán de retirar su inmunidad), desacreditados, perseguidos y/o amenazados.
  • Persecución: preocupa la aparente remilitarización de la Policía y ataques permanentes en contra de periodistas, sociedad civil y personas y colectivos que defienden derechos humanos, especialmente aquellos pertenecientes a las comunidades indígenas. Incluso actos de intimidación en contra del Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsperson), continúan.
  • Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): A pesar de que el gobierno nacional no tiene la potestad declarar terminado el convenio con CICIG de manera unilateral, el 7 de enero de 2019, la Cancillería envió comunicaciones para indicar que dicha Comisión ya no tenía un reconocimiento en el país y por tanto, cualquier colaboración con instituciones estatales debía cesar. A pesar de los obstáculos y las adversidades, se señala que la Comisión seguirá operando.
  • Conflicto armado interno: existe una seria preocupación sobre un proyecto de ley que otorgaría una amnistía retroactiva a todos los que han sido o serían condenados por violaciones graves durante el conflicto armado interno.

Todas estas preocupaciones, no son hechos aislados, si se unen los puntos, se puede observar que hacen parte de una situación seria de vulnerabilidad con respecto a la vigencia de los derechos humanos, de la democracia y del mismo Estado de Derecho. Esto incluye la aprobación o intento de pasar legislación regresiva:

Es una gran preocupación, una serie de iniciativas de ley que están ahora pendientes en el Congreso podrían vulnerar aun más el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos. La propuesta de reformas a la Ley de ONG pone en riesgo las libertades fundamentales de la sociedad civil” dijo Cleveland a la prensa local.

A pesar de lo mencionado, es importante recalcar que existen funcionarios y funcionarias públicas y personas de la sociedad civil firmemente comprometidas con los derechos humanos y que, día a día, se esfuerzan por hacer cumplir los preceptos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas ellas aprecian y agradecen el apoyo de los organismos internacionales y de la comunidad internacional. Tal y como indicó el Procurador de los Derechos Humanos: “Reitero mi agradecimiento por su visita y nuestra plena disponibilidad a hacer causa común en el tema de difundir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos”.

 

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