Colombia: respeto del PIDCP es clave en el proceso hacia la paz

Colombia intenta poner en práctica el PIDCP en un contexto de guerra civil desde su ratificación en 1969. Finalmente, este año, después de 52 años de conflicto armado, el gobierno firmó un tratado de paz para establecer un alto al fuego con las FARC. El tratado de paz fue sometido a votación y los colombianos no lo aceptaron. El proceso por la paz continúa.

En este contexto, el 19 y 20 de octubre de 2016, a menos de un mes de la firma del tratado de paz, el Comité de Derechos Humanos examinó el séptimo informe periódico de Colombia. Numerosas ONG participaron en esta sesión para alertar sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Con la sala de conferencias llena, se discutieron temas como la violencia contra las mujeres, las desapariciones forzadas y los ataques a defensores de derechos humanos.

"Es difícil entender cómo un país puede ignorar tantos crímenes"

- Miembro del Comité de Derechos Humanos

Violencia sexual

En Colombia hay un nivel muy alto de impunidad de la violencia sexual en contra la mujer donde más de 90 por ciento de las violaciones denunciadas permanecen impunes. La violencia contra la mujer cometida por actores estatales y no estatales se extiende por todo el país a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno para poner fin a estos actos. La delegación explicó que con los esfuerzos del Estado y de diferentes organizaciones que abogan por los derechos de la mujer se adoptó un protocolo que establece directivas y guías para el trabajo de la fiscalía en la investigación de los crímenes de violencia sexual.

Personas desaparecidas

Con respecto a las desapariciones forzadas, el Comité reconoció el buen desarrollo de la legislación y las instituciones en Colombia que tratan con este fenómeno. Pero en la práctica queda mucho por hacer en la lucha contra la impunidad, en la búsqueda de personas desaparecidas y en las reparaciones a las familias. Los miembros del Comité resaltaron la necesidad de crear un registro nacional que unifique las diversas bases de datos existentes con el objetivo de hacer efectiva la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. La delegación respondió que la fiscalía ha registrado 74.000 casos de desapariciones forzadas según cifras a julio de 2016 e indicó que está llevando a cabo esfuerzos para asegurar que los diversos registros de desapariciones forzadas se comuniquen entre sí. Igualmente, la delegación indicó que se han redoblado esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas en cooperación con las familias y las comunidades.

Defensores de derechos humanos

Por último, los expertos expresaron su preocupación por las agresiones a los defensores de derechos humanos y periodistas, incluyendo el incremento de asesinatos en los últimos meses. La delegación explicó que en 2011 fue creada una Unidad Nacional de Protección que atiende denuncias de defensores de derechos humanos, periodista y sindicalistas. De acuerdo con cifras del Estado, se han abierto más de mil investigaciones con respecto a este asunto. Sin embargo, el Comité considera que los esfuerzos aún no son suficientes.

Recomendaciones del Comité

El Estado deberá ofrecer información en el plazo de un año sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:

  • Conflicto armado interno: El Estado parte debe continuar e intensificar sus esfuerzos para prevenir la comisión de violaciones de los derechos consagrados en el Pacto y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. 
  • Condiciones de detención: El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para reducir eficazmente el hacinamiento y para mejorar las condiciones de detención de modo que se garantice el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad. Asimismo, debe intensificar sus esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos en los lugares de privación de la libertad; y velar por que todas las alegaciones de tortura y malos tratos sean investigadas por un órgano independiente, y que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados.
  • Presuntos actos de intimidación, amenazas o ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, funcionarios judiciales, abogados y activistas socialesEl Estado parte debe redoblar sus esfuerzos con miras a garantizar la protección oportuna y efectiva de los defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, funcionarios judiciales, abogados y activistas sociales y de derechos humanos que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su labor. Asimismo, debe intensificar sus esfuerzos para garantizar que todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y los autores sean enjuiciados y rindan cuentas de sus actos.

Photo credit: Evangelical Focus

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