Ecuador: avances y retos pendientes en la implementación del PIDCP

Published on 14 Jan 2019, 02:53 PM

Segunda visita de seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos

Víctor Rodríguez Rescia, ex miembro del Comité de Derechos Humanos y Presidente del CCPR-Centre en mesa redonda con representantes de la sociedad civil, cooperación internacional, organismos internacionales y entidades estatales

El Centro para los Derechos Civiles y Políticos realizó una segunda visita a Ecuador durante 2018. Del 3 a 5 de diciembre, el ex-miembro del Comité de Derechos Humanos y Presidente de nuestra organización, Víctor Rodríguez Rescia, acompañado de nuestra consultora Walleska Pareja Díaz, fueron parte de la delegación encargada de monitorear el cumplimiento las recomendaciones del Comité de junio de 2016. 

Para la misión fue importante fue recabar información no solamente sobre las recomendaciones prioritarias (Comisión de la Verdad; Condiciones de detención y violencia en las prisiones y Libertades de expresión y reunión pacífica) sino informarse sobre el cumplimiento de las demás observaciones y recomendaciones dadas por el Comité. 

La visita realizada por CCPR-Centre tuvo una gran acogida con miembros de la sociedad civil de Quito y Guayaquil, así como con instituciones públicas, cooperación internacional y organismos internacionales. 

Mesa redonda en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

La Misión convocó a una mesa redonda con organizaciones de la sociedad civil de todo el país, la cooperación internacional, organismos internacionales y entidades estatales, quienes presentaron su papel en el cumplimiento de las recomendaciones. En esta reunión se logró un ambiente de cooperación y se compartieron los desafíos, inclusive, representantes de instituciones públicas fueron autocríticos en los avances y retrocesos en los diferentes temas tratados.

Agenda de la visita

La delegación del CCPR-Centre se reunió además con varios actores clave entre los que cabe señalar:

  • La Defensora del Pueblo;
  • Asambleístas de diversas bancadas en la sede de la Asamblea Nacional;
  • Representante de ONU Mujeres en el Ecuador, y
  • Víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

Gracias al apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador (UASB), se llevó a cabo el Conversatorio: “Riesgos y amenazas a la independencia judicial: una mirada en el contexto latinoamericano” en el que se presentaron varios casos de falta de independencia de jueces y juezas, así como los diversos tipos de presión que se suele ejercer desde los Legislativos y Ejecutivos sobre el Poder Judicial, infringiendo directamente la separación de poderes.

Principales avances

 

  • La situación actual muestra un mejor ambiente para que las y los defensores de derechos humanos lleven adelante su trabajo;
  • A pesar de la falta de conocimiento de las recomendaciones y el largo tiempo que siguen tomando algunas de las reformas legales necesarias, asambleístas informan que varias de ellas están tratándose al interior de las comisiones legislativas.
  • Varios miembros de la sociedad civil y activistas que fueron parte de la misión de enero-febrero de 2018, hoy en día, han sido nombrados como autoridades de alto nivel en importantes entidades estatales.

Principales retos

 

  • La falta de difusión de las recomendaciones por parte del estado Ecuatoriano tal y como lo manda el párrafo 39 de las recomendaciones de 2016;
  • La eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como cartera de estado encargada del tema de derechos humanos (v.gr., ente rector llamado a implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las mujeres y responsable de la reparación material de víctimas de violaciones a los derechos humanos)
  • La falta de judicialización y reparación integral de conformidad con la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
  • Que las políticas de austeridad afecten el cumplimiento cabal del Pacto. 
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