Argentina: Comité reconoce grandes reformas, pero teme debilitamiento de instituciones nacionales en materia de derechos humanos

El Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe de Argentina durante su 117° sesión, el 29 y 30 de junio. El Comité se encontró frente al reto de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicales en los Estados federales como Argentina, respecto a la relación entre el derecho internacional, el Estado federal y los gobiernos locales. Entre otras cuestiones, el Comité incitó a Argentina a considerar una reforma de la legislación sobre aborto y expresó su preocupación por el debilitamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.

"Un Estado parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional"

- (Miembro del Comité de Derechos Humanos)

La implementación del Pacto internacional de derechos civiles y políticos

La problemática de la implementación del Pacto en Estados federales reza come sigue: mientras el Estado federal debe responder como entidad responsable en derecho internacional, los gobiernos locales deben la implementar los tratados internacionales al nivel local. En este sentido, el Comité interrogó a Argentina sobre la infrastructura constitucional permitiendo la implementación efectiva de las recomendaciónes a nivel local: desde una perspectiva normativa, las normas constitucionales son “muy claras” y “actualizadas”, pero la infrastructura carece de una “articulación entre los varios niveles”, dijo el Comité. El mismo problema ocurre con las opiniones del Comité sobre las comunicaciónes individuales, porque la provincias pueden implementar estas opiniones con un cierto nivel de independencia. El Comité luego enfatizó la falta de recursos del nivel local en comparación con el nivel nacional. El Comité concluyó recordando que, según el principio de derecho internacional, “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. La delegación Argentina – compuesta únicamente por funcionarios del Estado federal – reconoció que aunque algunas decisiones del nivel local puedan ser totalmente independiente del Estado federal, existen medios de articulación. Por ejemplo, las decisiones de la Corte Suprema deben ser ejecutadas por las autoridades locales.

Legislación sobre aborto

Sobre el aborto, el Comité resaltó la legislación que criminaliza el aborto salvo en dos casos: cuando la vida de la madre corre peligro o en caso de violación de una mujer “idiota o demente”. En este sentido, el Comité hizo referencia a la decisión de la Corte Suprema de 2012 en la cual se autoriza la práctica del aborto en casos de violación independientemente de la salud mental de la mujer. Además, la Corte estableció que los médicos no deben requerir autorización judicial para practicar un aborto en estos casos. Aún asÍ, esta nueva jurisprudencia no llega al nivel de protección que el Comité considera como minimum: un aborto tiene que ser autorizado si el embarazo proviene de una violacion, incesto, cuando el embarazo puene un peligro sobre la vida de la madre o cuando el feto sufre de anormalidad. Por consiguiente, el Comité pidió que Argentina reconsidere su legislación sobre el aborto, así como la realización de estudios para determinar el número de abortos ilegales y sus dramáticas consecuencias sobre el derecho a la vida de las mujeres. En cualquier caso, el Comité enfatizó que existen obstacúlos de facto al aborto incluso en casos donde el aborto es permitido, ya que algunos médicos alegan objeción de conciencia.

El desmantelamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos

Por último, el Comité expresó su preocupación sobre lo que un miembro del Comité llamó "el desmantelamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos", sobre todo acerca de las instituciones que deben arrojar luz sobre los crímenes cometidos durante la dictadura: algunas actividades se han interrumpido; se han cortado fondos, y se ha visto una ralentización en los procesos judiciales. El Comité pidió un “fuerte compromiso” por parte del Estado, que se demuestre con hechos y no meramente declaración de intenciones. El gobierno respondió que no hay un “desmantelamiento” y que “no olvida [su] deber hacia las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura”. La delegación afirmó también que Argentina mantiene una invitación abierta a todos los Relatos Especiales como muestra de su compromiso por los derechos humanos.

Recomendaciones del Comité

El Estado deberá ofrecer información en el plazo de un año sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:

  • Interrupción voluntaria del embarazo: entre otras medidas, el Estado debe introducir excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. Argentina debe también asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país.
  • Tortura y malos tratos: Argentina debe velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia; asegurar reparación para las victimas; asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido en todas las regiones del pais.
  • Condiciones de detención: Argentina debe adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad, tanto en el ámbito federal como provincial, de conformidad con las Reglas de Mandela. 

Argentina deberá presentar su próximo informe periódico a más tardar el 15 de julio de 2022.

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